Revista Apertura, junio 2001
Cuando se plantea la necesidad de realizar reformas económicas se hace referencia a la desregulación de los mercados y a la reforma del Estado, lo cual debe plasmarse en un sistema republicano de gobierno modificando o derogando la legislación surgida básicamente a través de presiones sectoriales o actitudes paternalistas de los políticos. Desregular los mercados significa garantizar las libertades económicas, a las cuales la Heritage Foundation que publica anualmente el Index of Economic Freedom las define como "la ausencia de coerción o restricción gubernamental sobre la producción, la distribución o el consumo de bienes y servicios más allá de lo necesario para que los ciudadanos protejan y mantengan la libertad en sí misma". Por su parte, la reforma del Estado consiste en bajar o asignar más eficientemente el gasto público, cuyo costo siempre debe ser financiado por el sector privado vía impuestos.Para John Berthoud, presidente del National Taxpayers Union, "el Congreso debe resistir la tentación de meterse en la economía. En cambio, tendría que trabajar para reducir los impuestos y minimizar las regulaciones. Darle a los empresarios la libertad de innovar, será la mejor manera de ayudar a los ciudadanos". En tal sentido, la actividad parlamentaria argentina es mayoritariamente contraria a impulsar reformas de mercado, caracterizándose la labor del Congreso Nacional por ser una fuente permanente de regulación económica e incremento del gasto público. En consecuencia, el seguimiento de la labor legislativa y las implicancias económicas de la sanción de este tipo de leyes son indicadores claves de seguridad jurídica para quienes se dedican a los negocios.
EL CONGRESO COMO FUENTE DE REGULACION ECONOMICA.
Para el constitucionalista Bernard H. Siegan "La regulación económica emana principalmente de dos fuentes diferentes. La primera fuente son aquellas personas que demandan la aprobación de leyes para solucionar lo que ellos identifican como problemas en el sistema económico. Las mismas están motivadas por razones ideológicas u otras más genéricas relativas al interés público. Los miembros de este grupo no obtienen un beneficio directo de las leyes por las que abogan. La segunda fuente de regulación económica son aquellos individuos o sociedades que buscan la regulación para su propio interés. La mayoría de los que integran este grupo son empresarios, comerciantes o profesionales. Estas personas procuran que se impongan regulaciones que limiten la competencia de modo de obtener mayores ingresos para sí mismos". Hay varios ejemplos actuales en la Argentina de iniciativas parlamentarias de regulación económica, como regímenes para la medicina prepaga, el sistema de tiempo compartido, los cementerios privados, la instalación de supermercados, la seguridad bancaria, la actividad de las agencias de turismo y hasta la práctica de tatuajes en la piel. En general, a cada iniciativa privada o problema observado en un sector, los legisladores nacionales responderán con el correspondiente régimen regulatorio que le indicará a los particulares qué pueden hacer y cómo deben hacerlo, sin considerar las soluciones de mercado para los mismos o directamente el rol que tiene la Justicia para dirimir controversias. Las consecuencias económicas de estas regulaciones están muy bien explicadas por Siegan: "gran parte de la regulación deriva en reducción de la eficiencia económica, mala asignación de recursos y redistribución de ingresos desde los consumidores hacia el grupo beneficiario de la misma. Consideradas en conjunto, la existencia de estas regulaciones limita seriamente la productividad de una nación y su producción...la regulación mencionada hace subir los precios, primero por restringir la competencia, y segundo por imponer una variedad de requisitos innecesarios que aumentan los costos de productores y vendedores. Las personas de ingresos medios y bajos, los que menos pueden afrontar el alza de los precios, son las más perjudicadas".
LAS COMISIONES PERMANENTES COMO FUENTE DE REGULACION ECONOMICA.
Una de las etapas más importantes del proceso legislativo es la discusión de los proyectos en las comisiones permanentes. Estas representan un número excesivo, pues allí ha crecido notoriamente la cantidad de personal designado políticamente; pero lo más significativo son sus propósitos, pues en muchos casos los mismos consisten en promover una legislación que alienta un mayor intervencionismo estatal.
-- A la Comisión de Economía le compete dictaminar sobre todo asunto o proyecto vinculado con el planeamiento del desarrollo económico; régimen de las bolsas y mercados de valores; seguros y reaseguros; régimen aduanero; acuerdos, convenios y arreglos de comercio, cooperación, complementación y/o integración económica, así como cualquier otro tipo de legislación relacionado con dicha materia;-- A la Comisión de Comercio le cabe dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo a las actividades de abastecimiento interno, promoción y orientación del comercio exterior de la Nación;-- A la Comisión de Economía y Desarrollo Regional le compete dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo al desarrollo económico de las áreas geográficas del país integradas regionalmente y la implementación de medidas de protección, promoción y fomento de sus actividades productivas.
Las comisiones permanentes de asesoramiento del Congreso de la Nación fueron previstas en el reglamento interno de cada Cámara, en las cuales se determina las normas de organización, competencia y funcionamiento. Actualmente funcionan 45 comisiones permanentes en el Senado de la Nación - con un total de 72 miembros - y 45 comisiones permanentes en la Cámara de Diputados de la Nación - con un total de 257 miembros. A las comisiones permanentes se las define como "organismos esenciales para la elaboración racional y meditada del producto legislativo".Estas comisiones se duplicaron en el periodo 1983-1989 y desde ese último año se crearon 4 nuevas comisiones en el Senado: Juicio Político; de la Inversión; de la Integración; y Defensa de los derechos de usuarios y consumidores; y 14 en Diputados: Cultura; Deportes; Tercera Edad; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales; Población y Recursos Humanos; Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales; Mercosur; Defensa del Consumidor; Discapacidad; Libertad de Expresión; Pequeñas y Medianas Empresas; Derechos Humanos; y Seguridad Interior). Y, por supuesto, existen varias iniciativas para crear nuevas comisiones.
EL CONGRESO NACIONAL COMO FUENTE DE GASTO PUBLICO.
La cantidad de proyectos de ley que impulsan el aumento del gasto público refleja el grado de intervencionismo que le asignan los legisladores nacionales a la función gubernamental y pone en alerta a los contribuyentes, quienes deberán soportar los costos de la sanción de los proyectos de ley que impulsan el crecimiento del gasto. En total los legisladores nacionales presentaron 2.202 proyectos de ley durante el último periodo de sesiones ordinarias, es decir, del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2000. De ese total, 1736 fueron presentados por Diputados Nacionales y 466 por Senadores. Asimismo, la cantidad de proyectos de ley que impulsan el aumento del gasto público o que rechazan su reducción llegan a 176, de los cuales 146 fueron ingresados por los diputados y 30 por los senadores. Estas cifras representan el 8 por ciento del total de proyectos de ley. Teniendo en cuenta que en dicho periodo hubo 188 días hábiles, se presentaron por semana un promedio de 4 proyectos promoviendo el aumento del gasto. En cuanto al origen partidario, 88 fueron presentados por legisladores de la Alianza oficialista, 71 por miembros del bloque Justicialista y 17 por representantes de otros partidos. A su vez, respecto a las características de los proyectos: 58 crean nuevos organismos; 20 otorgan subsidios; 54 crean fondos, planes o programas oficiales; 10 crean nuevas universidades nacionales; 11 proponen el incremento de partidas presupuestarias; y 23 se refieren a iniciativas similares.Este análisis no incluye los proyectos de ley que proponen la creación de nuevos juzgados y en cada una de las 146 iniciativas seleccionadas el común denominador es que su sanción y promulgación determinará un aumento del gasto. Por eso mismo, tampoco se incluyen proyectos de ley que crean un organismo público, como por ejemplo el Ministerio de Turismo, pues el tratamiento de esta iniciativa y su eventual aprobación no determina necesariamente que aumente el gasto, pudiendo en este caso recortarse partidas de otros sectores para asignarlas al nuevo organismo creado. Además de registrarse que un 8 por ciento del total de las iniciativas parlamentarias de diputados y senadores nacionales incrementarían el gasto público, del análisis de todos los proyectos de ley presentados durante el periodo de sesiones ordinarias correspondiente al año 2000 se desprende categóricamente que no existe intención, por parte de los legisladores, de bajar el gasto público, ya sea: eliminando organismos, programas, subsidios o al menos reduciendo alguna partida presupuestaria.
Cuando se plantea la necesidad de realizar reformas económicas se hace referencia a la desregulación de los mercados y a la reforma del Estado, lo cual debe plasmarse en un sistema republicano de gobierno modificando o derogando la legislación surgida básicamente a través de presiones sectoriales o actitudes paternalistas de los políticos. Desregular los mercados significa garantizar las libertades económicas, a las cuales la Heritage Foundation que publica anualmente el Index of Economic Freedom las define como "la ausencia de coerción o restricción gubernamental sobre la producción, la distribución o el consumo de bienes y servicios más allá de lo necesario para que los ciudadanos protejan y mantengan la libertad en sí misma". Por su parte, la reforma del Estado consiste en bajar o asignar más eficientemente el gasto público, cuyo costo siempre debe ser financiado por el sector privado vía impuestos.Para John Berthoud, presidente del National Taxpayers Union, "el Congreso debe resistir la tentación de meterse en la economía. En cambio, tendría que trabajar para reducir los impuestos y minimizar las regulaciones. Darle a los empresarios la libertad de innovar, será la mejor manera de ayudar a los ciudadanos". En tal sentido, la actividad parlamentaria argentina es mayoritariamente contraria a impulsar reformas de mercado, caracterizándose la labor del Congreso Nacional por ser una fuente permanente de regulación económica e incremento del gasto público. En consecuencia, el seguimiento de la labor legislativa y las implicancias económicas de la sanción de este tipo de leyes son indicadores claves de seguridad jurídica para quienes se dedican a los negocios.
EL CONGRESO COMO FUENTE DE REGULACION ECONOMICA.
Para el constitucionalista Bernard H. Siegan "La regulación económica emana principalmente de dos fuentes diferentes. La primera fuente son aquellas personas que demandan la aprobación de leyes para solucionar lo que ellos identifican como problemas en el sistema económico. Las mismas están motivadas por razones ideológicas u otras más genéricas relativas al interés público. Los miembros de este grupo no obtienen un beneficio directo de las leyes por las que abogan. La segunda fuente de regulación económica son aquellos individuos o sociedades que buscan la regulación para su propio interés. La mayoría de los que integran este grupo son empresarios, comerciantes o profesionales. Estas personas procuran que se impongan regulaciones que limiten la competencia de modo de obtener mayores ingresos para sí mismos". Hay varios ejemplos actuales en la Argentina de iniciativas parlamentarias de regulación económica, como regímenes para la medicina prepaga, el sistema de tiempo compartido, los cementerios privados, la instalación de supermercados, la seguridad bancaria, la actividad de las agencias de turismo y hasta la práctica de tatuajes en la piel. En general, a cada iniciativa privada o problema observado en un sector, los legisladores nacionales responderán con el correspondiente régimen regulatorio que le indicará a los particulares qué pueden hacer y cómo deben hacerlo, sin considerar las soluciones de mercado para los mismos o directamente el rol que tiene la Justicia para dirimir controversias. Las consecuencias económicas de estas regulaciones están muy bien explicadas por Siegan: "gran parte de la regulación deriva en reducción de la eficiencia económica, mala asignación de recursos y redistribución de ingresos desde los consumidores hacia el grupo beneficiario de la misma. Consideradas en conjunto, la existencia de estas regulaciones limita seriamente la productividad de una nación y su producción...la regulación mencionada hace subir los precios, primero por restringir la competencia, y segundo por imponer una variedad de requisitos innecesarios que aumentan los costos de productores y vendedores. Las personas de ingresos medios y bajos, los que menos pueden afrontar el alza de los precios, son las más perjudicadas".
LAS COMISIONES PERMANENTES COMO FUENTE DE REGULACION ECONOMICA.
Una de las etapas más importantes del proceso legislativo es la discusión de los proyectos en las comisiones permanentes. Estas representan un número excesivo, pues allí ha crecido notoriamente la cantidad de personal designado políticamente; pero lo más significativo son sus propósitos, pues en muchos casos los mismos consisten en promover una legislación que alienta un mayor intervencionismo estatal.
-- A la Comisión de Economía le compete dictaminar sobre todo asunto o proyecto vinculado con el planeamiento del desarrollo económico; régimen de las bolsas y mercados de valores; seguros y reaseguros; régimen aduanero; acuerdos, convenios y arreglos de comercio, cooperación, complementación y/o integración económica, así como cualquier otro tipo de legislación relacionado con dicha materia;-- A la Comisión de Comercio le cabe dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo a las actividades de abastecimiento interno, promoción y orientación del comercio exterior de la Nación;-- A la Comisión de Economía y Desarrollo Regional le compete dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo al desarrollo económico de las áreas geográficas del país integradas regionalmente y la implementación de medidas de protección, promoción y fomento de sus actividades productivas.
Las comisiones permanentes de asesoramiento del Congreso de la Nación fueron previstas en el reglamento interno de cada Cámara, en las cuales se determina las normas de organización, competencia y funcionamiento. Actualmente funcionan 45 comisiones permanentes en el Senado de la Nación - con un total de 72 miembros - y 45 comisiones permanentes en la Cámara de Diputados de la Nación - con un total de 257 miembros. A las comisiones permanentes se las define como "organismos esenciales para la elaboración racional y meditada del producto legislativo".Estas comisiones se duplicaron en el periodo 1983-1989 y desde ese último año se crearon 4 nuevas comisiones en el Senado: Juicio Político; de la Inversión; de la Integración; y Defensa de los derechos de usuarios y consumidores; y 14 en Diputados: Cultura; Deportes; Tercera Edad; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales; Población y Recursos Humanos; Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales; Mercosur; Defensa del Consumidor; Discapacidad; Libertad de Expresión; Pequeñas y Medianas Empresas; Derechos Humanos; y Seguridad Interior). Y, por supuesto, existen varias iniciativas para crear nuevas comisiones.
EL CONGRESO NACIONAL COMO FUENTE DE GASTO PUBLICO.
La cantidad de proyectos de ley que impulsan el aumento del gasto público refleja el grado de intervencionismo que le asignan los legisladores nacionales a la función gubernamental y pone en alerta a los contribuyentes, quienes deberán soportar los costos de la sanción de los proyectos de ley que impulsan el crecimiento del gasto. En total los legisladores nacionales presentaron 2.202 proyectos de ley durante el último periodo de sesiones ordinarias, es decir, del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2000. De ese total, 1736 fueron presentados por Diputados Nacionales y 466 por Senadores. Asimismo, la cantidad de proyectos de ley que impulsan el aumento del gasto público o que rechazan su reducción llegan a 176, de los cuales 146 fueron ingresados por los diputados y 30 por los senadores. Estas cifras representan el 8 por ciento del total de proyectos de ley. Teniendo en cuenta que en dicho periodo hubo 188 días hábiles, se presentaron por semana un promedio de 4 proyectos promoviendo el aumento del gasto. En cuanto al origen partidario, 88 fueron presentados por legisladores de la Alianza oficialista, 71 por miembros del bloque Justicialista y 17 por representantes de otros partidos. A su vez, respecto a las características de los proyectos: 58 crean nuevos organismos; 20 otorgan subsidios; 54 crean fondos, planes o programas oficiales; 10 crean nuevas universidades nacionales; 11 proponen el incremento de partidas presupuestarias; y 23 se refieren a iniciativas similares.Este análisis no incluye los proyectos de ley que proponen la creación de nuevos juzgados y en cada una de las 146 iniciativas seleccionadas el común denominador es que su sanción y promulgación determinará un aumento del gasto. Por eso mismo, tampoco se incluyen proyectos de ley que crean un organismo público, como por ejemplo el Ministerio de Turismo, pues el tratamiento de esta iniciativa y su eventual aprobación no determina necesariamente que aumente el gasto, pudiendo en este caso recortarse partidas de otros sectores para asignarlas al nuevo organismo creado. Además de registrarse que un 8 por ciento del total de las iniciativas parlamentarias de diputados y senadores nacionales incrementarían el gasto público, del análisis de todos los proyectos de ley presentados durante el periodo de sesiones ordinarias correspondiente al año 2000 se desprende categóricamente que no existe intención, por parte de los legisladores, de bajar el gasto público, ya sea: eliminando organismos, programas, subsidios o al menos reduciendo alguna partida presupuestaria.
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EL CONGRESO NACIONAL COMO FUENTE DE GASTO PUBLICO
-- Creación del Instituto de Promoción de Lácteos Argentinos (Diputado Humberto Volando, Frepaso, Córdoba).
-- Creación del Instituto de Promoción de Lácteos Argentinos (Diputado Humberto Volando, Frepaso, Córdoba).
-- Creación de la Universidad Nacional de las Islas Malvinas en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Diputado Ernesto Löffler, MO.PO.FU., Tierra del Fuego).
-- Creación de la Universidad Nacional del Pilar (Diputado Jorge Pérez, Justicialista, Buenos Aires).
-- Creación de la Secretaría de Desarrollo Regional en el ámbito de la Presidencia de la Nación (Diputado Héctor Polino, Alianza, Capital).
-- Régimen para la defensa, preservación, conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural subacuático. Creación del Fondo para el Sostenimiento del Patrimonio Cultural Subacuático (Diputado Rafael Flores, Alianza, Santa Cruz).
-- Régimen para la restricción del consumo del tabaco y su publicidad. Programa nacional contra el tabaco (Diputado Héctor Polino, Alianza, Capital).
-- Régimen de planificación familiar. Creación del Instituto Nacional de Planificación Familiar (Diputado Alfredo Bravo, Alianza, Capital).
-- Creación del Fondo de Desarrollo y Fortalecimiento Cooperativo NEA (Diputada Elisa Carrió, Alianza, Chaco).
-- Creación del Consejo Federal de Promoción del Empleo (Diputado Ernesto Löffler, MO.PO.FU., Tierra del Fuego).
-- Creación del Fondo Agropecuario Argentino (Diputado Atlanto Honcheruk, Justicialista, Chaco).
-- Creación del Fondo Nacional Pymes (Diputado Arturo Moreno Ramírez, Desarrollo y Justicia, San Juan).
-- Creación del Banco de Desarrollo Social con la finalidad de financiar proyectos de microemprendimientos productivos regionales y de microinversión y crédito a través de organizaciones no gubernamentales (Diputado Darío Alessandro, Alianza, Capital).
-- Creación de la Universidad Nacional del Chaco (Diputado Juan Carlos Ayala, Justicialista, Chaco).
-- Creación del Seguro Agropecuario. Creación del Consejo Nacional del Seguro Agrícola (Diputado Humberto Volando, Frepaso, Córdoba).
-- Creación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Diputada Margarita Stolbizer, Alianza, Buenos Aires).
-- Creación del Museo Nacional del Deporte en el ámbito de la Secretaría de Deportes de la Nación (Diputado Ricardo Vago, Alianza, Buenos Aires).
-- Creación del Consejo Federal del Agua (Diputado Héctor Romero, Alianza, Chaco).
-- Creación del Plan Nacional de Capacitación y Reinserción Laboral (Diputada Martha Alarcia, Justicialista, Córdoba).
-- Creación de la superintendencia de entes reguladores de servicios públicos en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Diputada Norma Godoy, Justicialista, Buenos Aires).
-- Creación del ente nacional de control de hidrocarburos (Diputada Norma Godoy, Justicialista, Buenos Aires).
-- Creación de la obra social para músicos populares (Diputado Diego Gorvein, Justicialista, Formosa).
-- Creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Promoción de la Región del Noroeste Argentino (Diputado Ricardo Bussi, Fuerza Republicana, Tucumán).
-- Creación de la Universidad Nacional de Avellaneda (Diputado Alfredo Villalba, Alianza, Buenos Aires).
-- Incremento de las partidas presupuestarias del ejercicio 2000, 2001 y 2002 destinadas al cumplimiento de la ley 23.877 de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica (Diputado Mario Ferreyra, Justicialista, Tierra del Fuego).
-- Régimen de Promoción para el cultivo del citrus en la región Noroeste (Diputado Guillermo Jenefes, Justicialista, Jujuy).
-- Creación del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (Diputado Ricardo Vago, Alianza, Buenos Aires).
-- Red Nacional de Autopistas Argentinas (Diputado Miguel Abella, UCR, Córdoba).
-- Creación del Fondo Nacional de Vialidad (Diputada Graciela Camaño, Justicialista, Buenos Aires).-- Creación del Fondo de Emergencia Social para las municipalidades de la provincia de Buenos Aires (Diputado José Dumón, Alianza, Buenos Aires).
-- Creación del Instituto Argentino del Hidrógeno (Diputado Mario Cafiero, Justicialista, Buenos Aires).
-- Régimen de fomento a la distribución y difusión de la cinematografía nacional (Diputada Silvia Vázquez, Alianza, Buenos Aires).
-- Creación del ente de información sobre operadores primarios agropecuarios en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Diputado Héctor Romero, Alianza, Chaco).
-- Transformar a Télam Sociedad Anónima Informativa y Publicitaria en Télam Sociedad del Estado (Diputada Irma Fidela Parentella, Alianza, Capital).
-- Creación del Instituto de Promoción de Carne Porcina Argentina como ente de derecho público no estatal. Creación del Fondo de Promoción Porcino Argentino (Diputado Humberto Volando, Frepaso, Córdoba).
-- Régimen de generación, transferencia y diseminación del conocimiento. Creación de la Comisión Nacional Permanente para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Diputado Mario Fereyra, Justicialista, Tierra del Fuego).
-- Régimen de sustentabilidad de la economía regional algodonera (Diputada María Chaya, Justicialista, Salta).
-- Creación de la Dirección Nacional de Apoyo Integral al Joven Creativo en el ámbito del Ministerio de Educación (Diputada Blanca Saade, Alianza, Salta).
-- Creación del Instituto Nacional de Productos Primarios (Diputado José Luis Saquer, Alianza, Chaco).
-- Creación del Instituto de Promoción de Carne de Crianza Argentina como ente de derecho público no estatal (Diputado Héctor Romero, Alianza, Chaco).
-- Régimen nacional de música y de fomento a la industria discográfica (Diputada Marcela Bordenave, Alianza, Buenos Aires).
-- Creación del Plan Nacional de Prevención de los Peligros del Sol Derivados de la Destrucción de la Capa de Ozono (Diputado Luis Alberto Trejo, Alianza, Tierra del Fuego).
-- Régimen para la reparación histórica y desarrollo de la región patagónica (Diputado Ovidio Zuñiga, Justicialista, Río Negro).
-- Creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Diputado Raúl Solmoirago, Justicialista, Misiones).
-- Creación del Fondo Nacional del Gas Natural (Diputado Ernesto Löffler, MO.PO.FU., Tierra del Fuego).
-- Prorrogar las pensiones graciables otorgadas por Ley de Presupuesto 1991 (Diputado Oraldo Britos, Justicialista, San Luis).
-- Creación del Instituto Federal Fiscal (Diputada Beatriz Leyba de Martí, UCR, Córdoba).
-- Creación del Programa Nacional de Promoción de la Madera Argentina (Diputado Raúl Solmoirago, Alianza, Misiones).
-- Creación de un programa nacional permanente de lucha contra el tabaquismo (Senador Roberto Ulloa, Partido Renovador, Salta).
-- Creación de la Universidad Nacional del Arte (Senador Leopoldo Moreau, Alianza, Buenos Aires).
-- Creación del Consejo Federal de Coordinación de Políticas Sociales (Senador Carlos Sergnese, Justicialista, San Luis).
-- Creación del Plan Nacional de Fomento, Promoción y Desarrollo de cultivos andinos subexplotados de valor nutricional (Senador Humberto Salum, Alianza, Jujuy).
-- Creación de la Universidad del Mercosur (Senadora Beatriz Raijer, Justicialista, Córdoba).
-- Creación del ente para la promoción del consumo de pescado argentino y del Fondo para la promoción del consumo de pescado argentino (Senador Edgardo Gagliardi, Alianza, Río Negro).
-- Creación del Consejo Federal de Exportaciones (Senador Massat).
-- Ley Nacional de Artesanías. Creación del Instituto Nacional de Artesanías, de la Comisión Nacional de Artesanías y del Fondo de Fomento Artesanal (Senador Leopoldo Moreau, Alianza, Buenos Aires).
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