La discusión de la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional debería ser el debate político de fondo, pues se trata nada menos que aprobar, por parte del Congreso de la Nación, en qué se va a gastar, cuánto se va a gastar y cómo se van a gastar los recursos que recauda el estado. Este debate presupuestario es más importante que las promesas y propuestas que se realizan durante las campañas electorales. Al tratar esta ley se considera el tamaño del gobierno nacional, los recursos con los que contarán sus distintas funciones y el costo que representará para los contribuyentes.
Como el estado está para servir a las personas y no las personas para servir al estado, los contribuyentes deberían estar muy atentos cada 15 de septiembre, fecha límite en la cual según la Ley de Administración Financiera del Estado debe el Poder Ejecutivo enviar a la Cámara de Diputados el Proyecto de ley de presupuesto. A partir de esa fecha, los contribuyentes que están desorganizados y desinformados, quedarán a merced del voluntarismo político de los legisladores y de los grupos de presión de distintos sectores de la burocracia estatal que comenzarán a frecuentar los pasillos del Congreso Nacional exigiendo mayores recursos para una determinada área pública.
La tradición parlamentaria de los últimos años en el debate presupuestario registra que los legisladores son una amenaza para el bolsillo de los contribuyentes y que en la mayoría de los casos no están dispuestos a defender el patrimonio del sector productivo, impulsando mayores gastos en actividades estatales cuya necesidad primero habría que discutir. Un antecedente a tener en cuenta es el informe "Burocratómetro", un indicador parlamentario sobre los proyectos de ley cuya sanción implicaría un aumento del gasto público. El "Burocratómetro 2001" registró un 5% del total de proyectos de ley, presentados durante ese año, como iniciativas que incrementarían el próximo presupuesto nacional. Contrariamente, es difícil encontrar algún proyecto de ley proponiendo recortar el gasto de una función estatal.
En realidad, la ley de presupuesto nacional es la oportunidad ideal para debatir e implementar una reforma integral del estado, pudiendo reasignarse partidas de unas áreas a otras para seguir gastando lo mismo pero en forma más eficiente o, directamente, eliminando funciones estatales innecesarias, con lo cual el gasto público nacional se reduciría y por ende deberían disminuirse los impuestos. Esto último ayudaría a reactivar genuinamente la economía mediante la inversión privada, pues los particulares dispondrían en mayor medida de sus patrimonios, y también implicaría un mayor protagonismo de la sociedad civil para resolver problemas que el estado no resuelve pero para los cuales dispone de recursos que utiliza en forma ineficiente.
Pero lo cierto es que no existe una discusión seria del presupuesto nacional. El Poder Ejecutivo envía el proyecto con igual o mayor gasto que el presupuesto anterior y cuando los legisladores lo reciben proponen generalmente incrementos al proyecto original. Difícilmente un legislador -o sus asesores- realice una lectura total del proyecto de ley de presupuesto, marcando con un lápiz rojo las asignaciones que considera innecesarias y que son muchas, como posteriores informes privados terminan demostrando. Al mismo tiempo, la falta de un profundo debate del presupuesto nacional demuestra la actitud hipócrita de muchos políticos, muy elocuentes en su preocupación por la situación de pobreza y exclusión social, pero muy inoperantes e irresponsables a la hora de decidir cómo se gasta.
En todo caso, si los legisladores tuvieran convicción política y honestidad intelectual en su preocupación por los más necesitados, deberían reasignar los recursos del propio presupuesto del Poder Legislativo, donde hay mucho por reducir. Por ejemplo, podrían eliminarse los nombramientos de personal transitorio y asignar una suma fija por cada legislador a través de una ONG que en total representará un gasto significativamente menor, por citar una de varias propuestas de reforma del estado en el Congreso Nacional.
Lo cierto es que finalmente el Poder Ejecutivo, luego de votada la ley de presupuesto, debe recurrir a la facultad de veto presidencial para limitar al Poder Legislativo en su incremento del gasto del proyecto original. Por eso, sin restricciones constitucionales que limiten las funciones estatales; el nivel del gasto público -como el caso de Chile-; el grado de presión tributaria; y la imposibilidad de contraer deudas; sólo cabe al momento de debatirse la ley de presupuesto nacional recordarle a todos los legisladores que cada peso que gasta el gobierno es un peso que previamente sale del bolsillo de la gente y que su función es servir a las personas y no convertirlas en un medio para los fines de su irresponsable y festivo voluntarismo político.
Como el estado está para servir a las personas y no las personas para servir al estado, los contribuyentes deberían estar muy atentos cada 15 de septiembre, fecha límite en la cual según la Ley de Administración Financiera del Estado debe el Poder Ejecutivo enviar a la Cámara de Diputados el Proyecto de ley de presupuesto. A partir de esa fecha, los contribuyentes que están desorganizados y desinformados, quedarán a merced del voluntarismo político de los legisladores y de los grupos de presión de distintos sectores de la burocracia estatal que comenzarán a frecuentar los pasillos del Congreso Nacional exigiendo mayores recursos para una determinada área pública.
La tradición parlamentaria de los últimos años en el debate presupuestario registra que los legisladores son una amenaza para el bolsillo de los contribuyentes y que en la mayoría de los casos no están dispuestos a defender el patrimonio del sector productivo, impulsando mayores gastos en actividades estatales cuya necesidad primero habría que discutir. Un antecedente a tener en cuenta es el informe "Burocratómetro", un indicador parlamentario sobre los proyectos de ley cuya sanción implicaría un aumento del gasto público. El "Burocratómetro 2001" registró un 5% del total de proyectos de ley, presentados durante ese año, como iniciativas que incrementarían el próximo presupuesto nacional. Contrariamente, es difícil encontrar algún proyecto de ley proponiendo recortar el gasto de una función estatal.
En realidad, la ley de presupuesto nacional es la oportunidad ideal para debatir e implementar una reforma integral del estado, pudiendo reasignarse partidas de unas áreas a otras para seguir gastando lo mismo pero en forma más eficiente o, directamente, eliminando funciones estatales innecesarias, con lo cual el gasto público nacional se reduciría y por ende deberían disminuirse los impuestos. Esto último ayudaría a reactivar genuinamente la economía mediante la inversión privada, pues los particulares dispondrían en mayor medida de sus patrimonios, y también implicaría un mayor protagonismo de la sociedad civil para resolver problemas que el estado no resuelve pero para los cuales dispone de recursos que utiliza en forma ineficiente.
Pero lo cierto es que no existe una discusión seria del presupuesto nacional. El Poder Ejecutivo envía el proyecto con igual o mayor gasto que el presupuesto anterior y cuando los legisladores lo reciben proponen generalmente incrementos al proyecto original. Difícilmente un legislador -o sus asesores- realice una lectura total del proyecto de ley de presupuesto, marcando con un lápiz rojo las asignaciones que considera innecesarias y que son muchas, como posteriores informes privados terminan demostrando. Al mismo tiempo, la falta de un profundo debate del presupuesto nacional demuestra la actitud hipócrita de muchos políticos, muy elocuentes en su preocupación por la situación de pobreza y exclusión social, pero muy inoperantes e irresponsables a la hora de decidir cómo se gasta.
En todo caso, si los legisladores tuvieran convicción política y honestidad intelectual en su preocupación por los más necesitados, deberían reasignar los recursos del propio presupuesto del Poder Legislativo, donde hay mucho por reducir. Por ejemplo, podrían eliminarse los nombramientos de personal transitorio y asignar una suma fija por cada legislador a través de una ONG que en total representará un gasto significativamente menor, por citar una de varias propuestas de reforma del estado en el Congreso Nacional.
Lo cierto es que finalmente el Poder Ejecutivo, luego de votada la ley de presupuesto, debe recurrir a la facultad de veto presidencial para limitar al Poder Legislativo en su incremento del gasto del proyecto original. Por eso, sin restricciones constitucionales que limiten las funciones estatales; el nivel del gasto público -como el caso de Chile-; el grado de presión tributaria; y la imposibilidad de contraer deudas; sólo cabe al momento de debatirse la ley de presupuesto nacional recordarle a todos los legisladores que cada peso que gasta el gobierno es un peso que previamente sale del bolsillo de la gente y que su función es servir a las personas y no convertirlas en un medio para los fines de su irresponsable y festivo voluntarismo político.
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