Burocratómetro: Período Legislativo 2006

RESUMEN EJECUTIVO BUROCRATÓMETRO 2006
En el Periodo Legislativo 2006, es decir, del 1 de marzo de 2006 al 28 de febrero de 2007, los diputados y senadores nacionales presentaron un total de 3.525 proyectos de ley, de los cuales 361 proponían un incremento del gasto público nacional y 6 de ellos fueron convertidos en ley. De esta manera, los proyectos de ley incluidos en este informe representan el 10,2% de las iniciativas parlamentarias cuya sanción requiere el trámite previsto en la Constitución Nacional y casi duplicando las de años anteriores. En el Período Legislativo del 2005 se habían presentado un total de 2.530 proyectos de ley, de los cuales 161 proponían un incremento del gasto público nacional, representando un promedio de tres proyectos presentados por semana que aumentarían el gasto público. En cambio, durante el Período Legislativo 2006, donde hubo un total de 251 días hábiles, se presentaron un promedio de 7 proyectos semanales incluidos en el “Burocratómetro”.
Uno de los posibles motivos del incremento en el 2006 de proyectos de ley cuya sanción implicaría un aumento del gasto público nacional, es el superávit fiscal que viene generando el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Efectivamente, lo que a simple vista aparece como un síntoma de buena administración puede llegar a convertirse en el futuro en una carga muy pesada en caso de que la situación económica cambie y los ingresos públicos disminuyan. Al respecto, algunos autores “criticaban el superávit como fuente de un aumento futuro de los gastos públicos, argumentándose que el Gobierno -Poderes Ejecutivo y Legislativo- atento al superávit de un ejercicio podía aprovechar la mayor capacidad que se había evidenciado, para aumentar los gastos. El temor que suscitaba el superávit consistía, pues, en que condujera a un aumento de la esfera de acción del Estado y, eventualmente, al déficit. (FINANZAS PÚBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO, de Dino Jarach, Abeledo-Perrot, 3ª edición 2005, p.91)”. En tal sentido, varios legisladores nacionales abogan expresamente por aumentar el gasto público debido al superávit fiscal, sin tener la prudencia de las eventuales épocas de “vacas flacas” que puedan enfrentarse y que en tal caso los gastos comprometidos serán difíciles de cumplirse y alentarán la inflación o endeudamiento para pagar salarios y actividades estatales, lo cual, según el caso, perjudicará principalmente a los sectores más pobres o a las futuras generaciones.

En cuanto al tipo de gasto que originarían la sanción definitiva de estos proyectos, la clasificación que puede ofrecerse es la siguiente: 172 corresponden a Subsidios, Regímenes Especiales, Fondos, Planes y Programas Oficiales; 87 a incrementos de partidas presupuestarias vigentes; 68 a la creación de nuevos organismos estatales; 14 a obra pública; 11 a la creación de una nueva universidad pública; y finalmente 9 a expropiaciones.

En el anexo a este informe se incluyen los 361 proyectos seleccionados, con su número de expediente, título, extracto del artículo donde se expresa la fuente de financiamiento y el autor del proyecto. Pero como para tener una idea del tipo de proyectos incluidos en el “Burocratómetro 2006”, se pueden ver los siguientes ejemplos:
1) SUBSIDIOS, REGÍMENES ESPECIALES, FONDOS, PLANES Y PROGRAMAS OFICIALES
-CREACION DEL REGIMEN PARA EL DESARROLLO DE LA GANADERIA DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS.
-REGIMEN PARA LA RECUPERACION DE LA GANADERIA CAPRINA.
-REGIMEN DE CONSERVACION IN SITU Y UTILIZACION SOSTENIBLE DEL RECURSO FITOGENETICO DE MANI (ARACHIS SPP).
-CREACION DEL BOLETO ESTUDIANTIL AEREO.
-FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL NACIONAL (FODINN).
-CREACION DEL REGIMEN DE PROMOCION DE LA ACUICULTURA.
-CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCION DE LA PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION DE LA BANANA.

-PROTECCION DE METEORITOS Y DEMAS CUERPOS CELESTES.
-CREACION DEL FONDO FIDUCIARIO RECUPERACION DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS (RE-COOP).
-OTORGAR UN SUBSIDIO A LA FUNDACION BARRERA ZOOFITOSANITARIA PATAGONICA (FUNBAPA), CON SEDE EN LA LOCALIDAD DE VIEDMA, PROVINCIA DE RIO NEGRO, CON DESTINO AL PROGRAMA INCAN TREHUA.
2) AMPLIACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS VIGENTES -FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO.
-CREACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PERMANENTE A LA CASA DEL TEATRO (TEATRO REGINA), EN EL AMBITO DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA NACION.
-IDIOMA PORTUGUES: INCORPORACION EN LA EDUCACION COMO LENGUA OBLIGATORIA.
-CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO EN EL AMBITO DE LA SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION.
-DISPONER QUE A PARTIR DEL AÑO 2007, LA CONTRIBUCION DEL ESTADO PARA LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA OFICIAL REGIDOS POR EL DECRETO 2542/91, SERA ASIGNADA POR CANTIDAD DE ALUMNOS.
3) CREACIÓN DE ORGANISMOS ESTATALES

-CREACION DEL INSTITUTO DE RECONVERSION DE LA MANO DE OBRA (IRMO).
-CREACION DEL INSTITUTO DE SEMILLAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ISRA).
-CREACION DE LA AGENCIA FEDERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL (AFCI), A FIN DE PROMOVER Y ASISTIR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS VINCULADOS CON LA COOPERACION INTERNACIONAL, MEDIANTE LA INDENTIFICACION, PRESTACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS DISPONIBLES EN DICHA MATERIA.
-CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MADERA.
-CREACION DEL BANCO FEDERAL SOLIDARIO.
-CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE OLIVICULTURA (INO).
4) OBRA PÚBLICA -DECLARAR LA EMERGENCIA HIDRICA POR EL TÉRMINO DE 180 DIAS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE SALTA.

-PAVIMENTACION DE TODOS LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL 40, AUN DE
TIERRA, CUYO RECORRIDO EN PARALELO A LA CORDILLERA DE LOS ANDES,
COMIENZA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y TERMINA EN LA PROVINCIA DE
JUJUY.
-DECLARAR DE INTERES NACIONAL LA CONSTRUCCION DE SUBTERRANEOS EN LA
CIUDAD CAPITAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.
-CONSTRUCCION DEL MONUMENTO A LA MADRE EN LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES.
-MODIFICACIONES DE SEGURIDAD EN LAS RUTAS NACIONALES Y PROVINCIALES DE
LA REPUBLICA ARGENTINA.
5) CREACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS

-CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (UNAES): SEDE EN SUNCHALES, PROVINCIA DE SANTA FE.
-CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO TERCERO, PROVINCIA DE CORDOBA (UNRT).
-CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
-CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE ALMIRANTE BROWN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
-CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN, PROVINCIA DE SALTA.
-CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN, PROVINCIA DE MENDOZA.
-CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES, EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS.
6) EXPROPIACIÓN

-EXPROPIACION DEL HOTEL BAUEN: DECLARAR DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO A EXPROPIACION AL INMUEBLE DE LA AVENIDA CALLAO 346, 350 Y 360, EL GOBIERNO NACIONAL LA OTORGARIA LOS BIENES EXPROPIADOS A LA COOPERATIVA BUENOS AIRES UNA EMPRESA NACIONAL (BAUEN).
-DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACION UN TERRENO UBICADO EN CORREA, PROVINCIA DE SANTA FE.

PRO-GASTO
Prácticamente todos los bloques políticos son Pro-Gasto Público, desde los más estatistas y partidarios del Estado Benefactor hasta los supuestamente más conservadores y afines a la eficiencia en la administración gubernamental. Del total de 361 proyectos incluidos en la edición 2006 del “Burocratómetro”, los legisladores del oficialista Frente para la Victoria presentaron un total de 139, seguidos por los del bloque UCR con 68, el ARI con 24, el PRO con 23 y Peronista Federal con 16.
En el Período Legislativo 2006, un total de 172 legisladores nacionales han presentado al menos un proyecto incluido en el “Burocratómetro”, lo cual significa que el 52% de los miembros del Congreso Nacional han elaborado iniciativas tendientes al incremento del gasto público y el Ranking individual coloca en las primeras cinco posiciones a los siguientes Legisladores Nacionales: 1) Senadora Miriam Curletti (UCR) y Senador Adolfo Rodríguez Saa (Justicialista San Luis), con 11 proyectos; 2) Diputado Juan Manuel Urtubey (Frente para la Victoria), 10 proyectos; 3) Diputado Federico Pinedo (PRO) y Senador Roberto Basualdo (Producción y Trabajo), con 8 proyectos; 4) Diputado Alfredo Atanasof (Frente para la Victoria) y Senadores Sonia Escudero (Frente para la Victoria) y Luis Falcó (UCR), con 7 proyectos; y 5) Diputado Claudio Poggi (Frente Movimiento Popular), con 6 proyectos.
En muchos casos, esta tendencia Pro-Gasto se debe al simplismo de trasladar su costo mediante un aumento presupuestario, cuando una conducta parlamentaria más responsable podría proponer el financiamiento vía reasignación presupuestaria, pues de lo contrario el gasto público debería ser virtualmente infinito. De la misma manera, existe cierta pereza legislativa, como cuando tres diputados nacionales de diferentes partidos (Lamberto, De Narváez y Chironi) proponen, cada uno de ellos, crear la Oficina Nacional de Presupuesto en el ámbito del Poder Legislativo Nacional mediante una ampliación de su partida presupuestaria, en lugar de financiarla mediante la reasignación de los excesivos recursos económicos y humanos con que ya cuenta el Congreso Nacional. Y como éste, abundan otros ejemplos similares.

CONCLUSIONES DEL “BUROCRATÓMETRO 2006”
Es conocida la máxima económica de que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos, aunque en general los legisladores ponen énfasis en lo primero y no tienen en cuenta lo segundo, lo cual se traduce como “voluntarismo político”: es decir, “con sancionar una ley se resuelve el problema”, que de ser cierto entonces la Argentina debería ser uno de los países más prósperos del mundo.
Pero el principal problema no son solamente los fines de muchos de estos proyectos, pues algunos de los mismos pueden resultar muy loables, sino los medios para su implementación y la definición de las prioridades.

METODOLOGÍA
El “Burocratómetro” es un indicador parlamentario sobre los proyectos de ley, presentados por Diputados y Senadores Nacionales, cuya sanción implicaría un aumento del gasto público. En tal sentido, y al margen de las visiones políticas que se tengan sobre los límites que le corresponden a la acción estatal, el “Burocratómetro” está pensado fundamentalmente como un alerta al contribuyente con cuyos impuestos se financia el gasto público.
Los datos del “Burocratómetro” surgen del análisis de todos los proyectos de ley presentados en un Período Legislativo, seleccionándose las iniciativas parlamentarias referidas al gasto público en cuyo articulado se menciona expresamente que para su financiamiento se recurrirá a las siguientes fuentes: a) Nuevos fondos del presupuesto nacional o Rentas generales; b) Utilización de los recursos del eventual superávit fiscal; o c) endeudamiento. En todos estos casos se considera que se afecta directa o indirectamente al contribuyente.

RANKING LEGISLADORES NACIONALES “BUROCRATÓMETRO 2006”

RANKING BLOQUES LEGISLATIVOS “BUROCRATÓMETRO 2006”

PROYECTOS INCLUIDOS EN EL BUROCRATÓMETRO 2006 CONVERTIDOS EN LEY
--Expediente 1599-S-2006
DECLARAR EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y POR EL TERMINO DE CUATRO (4) AÑOS LA EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD DE TIERRAS OCUPADA TRADICIONALMENTE POR LA COMUNIDAD INDIGENA.
Artículo 4: Créase un Fondo Especial para la Asistencia de las Comunidades Indígenas del país, por un monto de pesos treinta millones ($30.000.000), con el objeto de profundizar la ejecución del Programa Fortalecimiento Comunitario –resolución INAI 235/04–, tendiente a consolidar la posesión tradicional de las tierras que ocupan, los programas de regularización dominial de tierras fiscales provinciales y nacionales, el Plan de Relevamiento de la Situación Dominial, y la gestión de compra en virtud del imperativo constitucional de regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
Artículo 5: El fondo creado en el artículo 4º estará integrado por recursos del Tesoro nacional que deberán asignarse específicamente en artículo especial en la ley de presupuesto para el ejercicio 2007.
Autora: KIRCHNER, ALICIA
Nota: Sanción definitiva, Ley 26.160.
--Expediente 1643-S-2006
PROMOCION Y REGULACION DEL MICROCREDITO DESTINADO A GRUPOS DE ESCASOS RECURSOS.
Artículo 15: Fíjase, en la suma de pesos cien millones ($ 100.000.000), el capital inicial del Fondo
Nacional de Promoción del Microcrédito, integrado con las partidas presupuestarias asignadas al
Ministerio de Desarrollo Social, y facúltase al Poder Ejecutivo nacional a efectuar las adecuaciones
presupuestarias necesarias en el presupuesto nacional vigente. El mencionado fondo podrá
incrementarse conforme a los requerimientos presupuestarios de cada año.
Autora: KIRCHNER, ALICIA
Nota: Sanción definitiva, Ley 26.117.
--Expediente 1331-D-2006
DECLARAR DE INTERES NACIONAL EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA, LA PROMOCION, EL USO Y APLICACIONES DEL HIDROGENO.
Artículo 20: El Fondo Nacional para el Desarrollo de las Tecnologías del Hidrógeno (FONHIDRO)
estará constituido por:
a) La partida del Presupuesto de la Administración Nacional correspondiente al 0,6 por ciento (0,6 %)
anual del PBI que aportan los combustibles fósiles para los dos primeros años y los incrementos que
determine el informe anual establecido en el Art. 5º inc. (j) en los años subsiguientes.
Autor: FERNANDEZ, ALFREDO CESAR
Nota: Sanción definitiva, Ley 26.123.
--Expediente 2658-D-2006
PROMOCION Y REGULACION DEL MICROCREDITO.
Artículo 14: El FONDO NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO estará integrado por:
1. Las asignaciones presupuestarias previstas en la presente Ley y las que se establezcan en las
respectivas Leyes de Presupuesto para la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de cada año.
ARTICULO 15º.- Fijase, en la suma de PESOS CIEN MILLONES ($100.000.000), el capital inicial
del FONDO NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO, integrado con las partidas
presupuestarias asignadas al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y facúltase al Poder
Ejecutivo Nacional a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias en el Presupuesto Nacional
vigente. El mencionado FONDO podrá incrementarse conforme a los requerimientos presupuestarios
de cada año.
Autor: WEST, MARIANO FEDERICO
Nota: Considerado en conjunto con el expediente 0086-S-06. Sanción definitiva, Ley 26.117.
--Expediente 4587-D-2006
NUEVO PLAZO DE 2 AÑOS PARA ACOGERSE A LOS BENEFICIOS QUE SE OTORGAN A LOS DETENIDOS A DISPOSICION DEL PODER EJECUTIVO CON ANTERIORIDAD A DICIEMBRE DE 1983, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA LEY 25985, DE ACUERDO CON LAS LEYES 24043 Y 24411, COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS.
Artículo 2: El Poder Ejecutivo nacional procederá a incluir en el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el año 2007 y el año 2008 el crédito necesario para atender el pago de los beneficios emergentes de las citadas leyes.
Autor: CARLOTTO, REMO GERARDO
Nota: Sanción definitiva, Ley 26.178.
--Expediente 5279-D-2006
PROGRAMA NACIONAL DE DESARME CIVIL. CREACION EN EL AMBITO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR.
Artículo 17: FINANCIACION: Las acciones que deban ser adoptadas para dar cumplimiento a la
presente ley se financiarán con fondos provenientes de la cuenta y fuente específica que al respecto se contemplará en la ley de presupuesto nacional. Hasta tanto ello ocurra y con el objeto de dar principio inmediato al cumplimiento de la presente norma, facúltase al Ministerio del Interior a efectuar las adecuaciones presupuestarias que estime pertinentes para tal fin.
Autor: FRANCO, HUGO ALBERTO
Nota: Considerado en conjunto con el expediente 0041-PE-06. Sanción definitiva, Ley 26.216.

Metodología para la elaboración del Burocratómetro

Para la elaboración del "Burocratómetro" se contemplan las siguientes disposiciones:
-Artículo 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la NaciónCompete a la Comisión de Presupuesto y Hacienda dictaminar sobre el presupuesto general de la administración y de las reparticiones autárquicas y sobre todo proyecto o solicitud de reforma de las leyes tributarias, o de sueldos, suministros del Estado, créditos suplementarios, así como en cualquier otro de legislación relacionado con dicha materia. Esta Comisión no podrá incorporar en el articulado de la ley general de presupuesto disposición alguna relacionada con materia de la competencia de otras comisiones de la Cámara, si no cuenta con despacho favorable de la Comisión correspondiente. Tampoco podrán crearse en el presupuesto general de gastos nuevas instituciones autárquicas si previamente la Cámara no ha sancionado la ley orgánica respectiva.
-Artículo 126 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la NaciónTodo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo. Ningún proyecto que importe gasto se tratará sin dictamen de comisión.
-Artículo 75 de la Constitución NacionalCorresponde al Congreso:8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este Artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
-Art. 29 de la Ley de Administración Financiera 24.156Los créditos del presupuesto de gastos, con los niveles de agregación que haya aprobado el Congreso Nacional, según las pautas establecidas en el art. 25 de esta ley, constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar.
-Art. 37 de la Ley de Administración Financiera 24.156La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución. Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. El Jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades. A tales fines, exceptúase al Jefe de Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 25.917. El incremento de las partidas que refieran gastos reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse por el Congreso de la Nación.
-Art. 38 de la Ley de Administración Financiera 24.156Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento.
-Art. 39 de la Ley de Administración Financiera 24.156El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la ley de presupuesto general para atender el socorro inmediato por parte del gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas al Congreso Nacional en el mismo acto que las disponga, acompañando los elementos de juicio que permitan apreciar la imposibilidad de atender las situaciones que las motivaron dentro de las revisiones ordinarias o con saldos disponibles en rubros presupuestarios imputables. Las autorizaciones así dispuestas se incorporaran al presupuesto general.
En base a las mencionadas disposiciones, los datos del "Burocratómetro" surgen del análisis de todos los proyectos de ley presentados en un Período Legislativo, seleccionándose las iniciativas parlamentarias referidas al gasto público en cuyo articulado se menciona expresamente que para su financiamiento se recurrirá a las siguientes fuentes: a) Nuevos fondos del presupuesto nacional o Rentas generales; b) Utilización de los recursos del eventual superávit fiscal; o c) endeudamiento. En todos estos casos se considera que se afecta directa o indirectamente al contribuyente. Por tal motivo, no se incluyen en este informe:
1) Los proyectos de ley sobre gasto público cuya propuesta de financiamiento se basa en la reasignación de partidas presupuestarias. En este caso, al reasignar partidas del presupuesto nacional no se está aumentando el gasto público en lo inmediato, aunque si se generará una mayor burocracia que en el futuro presionará por mayores fondos.
2) Los proyectos que trasladan los costos de su financiamiento a determinados sectores o actividad. Aquí se trata generalmente de proyectos que crean fondos, programas o planes oficiales cuyo financiamiento provendrá exclusivamente de gravámenes a determinados sectores y no al conjunto de los contribuyentes.
3) Los proyectos que declaran la intangibilidad de cierto gasto público. En estos casos, los legisladores dejan en claro que en dichas áreas no tienen ninguna intención de reducir o hacer más eficiente el gasto público. Aquí se trata de establecer por ley la imposibilidad de recortar o eliminar un determinado gasto del presupuesto nacional.
4) Los proyectos que condonan deudas del sector privado con el estado. Este cuarto caso se trata de escasas iniciativas, pero sin duda es una curiosidad en este informe, pues mientras se impulsan proyectos que aumentan el gasto público al mismo tiempo se propone condonar deudas impositivas.
5) Los proyectos que se oponen a los recortes del gasto que realiza el Poder Ejecutivo mediante vetos presidenciales a la Ley de Presupuesto sancionada por el Poder Legislativo.
6) Los proyectos de ley que promueven la creación de nuevos juzgados. En este último caso, sobre la creación de Juzgados, el mismo no se incluye pues ante su eventual sanción definitiva sin reasignarse partidas del Ministerio de Justicia, el incremento de este gasto es sobre una de las funciones indiscutibles acerca de la naturaleza del estado.
Entonces, con estos criterios conservadores, el principal objetivo del "Burocratómetro" consiste en alertar al sector privado sobre las iniciativas parlamentarias, impulsadas por los legisladores nacionales, cuya sanción implicaría una mayor carga tributaria para los contribuyentes a través del incremento del gasto gubernamental.

Un desafío para Cobos: La reforma del estado en el Senado de la Nación

Por Gabriel C. Salvia

Si el Vicepresidente de la Nación Julio Cobos tiene liderazgo y valora la austeridad, entonces un interesante desafío lo está esperando para implementar una profunda reforma del estado en el ámbito que la Constitución Nacional puso a su cargo: el Senado de la Nación.
De acuerdo a los datos que brinda el proyecto de ley de presupuesto 2009, el Senado de la Nación tiene un ciento quince por ciento más de empleados que la Cámara de Diputados. Este dato surge de dividir la cantidad de empleados permanentes y temporarios de ambas cámaras por la respectiva cantidad de miembros en cada una de ellas, 73 en el Senado –pues son 72 legisladores más el Vicepresidente de la Nación- y 257 en Diputados.
Así, la cámara alta que cuenta con 3004 empleados, de los cuales 1652 son permanentes y 1352 son temporarios, tiene una relación de 41 empleados por cada senador y el Vicepresidente de la Nación. Y en diputados, donde hay 4923 empleados, siendo 2662 permanentes y 2261 temporarios, la relación es de 19 empleados por cada legislador. En consecuencia, si se aplicara al Senado la misma relación de empleados por legislador que en la cámara de Diputados, entonces en la cámara alta habría un excedente de 1606 agentes.
En el caso puntual de los empleados temporarios, es decir aquellos que ingresan para trabajar con cada legislador y culminan sus funciones al finalizar aquél su mandato, surge que por cada senador hay 18,5 empleados, mientras que por cada diputado son 8,8. Es decir, en cuanto a la asignación de empleados que ingresan y se van con cada legislador, el Senado dispone de 710 empleados más que la cámara de diputados.
Y si bien existe desde hace tiempo un programa de fortalecimiento institucional en el Senado, con el apoyo del BID, no menos cierto es que solamente durante la gestión de Daniel Scioli –Vicepresidente de Néstor Kirchner- los empleados del Senado aumentaron en 352, reduciéndose 89 permanentes y creciendo los temporarios en 441.
A lo anterior hay que sumarle otros datos interesantes que surgen de cruzar la información sobre la nómina de empleados permanentes, temporarios y contratados que brinda de manera muy transparente el sitio oficial de internet del Senado de la Nación y que en cambio hasta ahora no lo hace la Cámara de Diputados.
Por ejemplo, en cantidad de empleados por dependencia de la cámara alta, el Departamento Intendencia del Palacio ocupa a 104 personas, otras 73 están asignadas al Departamento Intendencia del Edificio Alfredo L. Palacios y 18 al Departamento Intendencia en la avenida Entre Ríos. En la Dirección Automotores hay 85 empleados, que equivalen a algo así como más de un chofer por cada senador y el Vicepresidente de la Nación; el Bloque de la Unión Cívica Radical, con 7 integrantes, tiene 64 empleados; y el senador que lidera el ranking con más cantidad de designaciones es el catamarqueño Ramón Saadi, con un total de 36 colaboradores, sumados entre temporarios, permanentes y contratados.
Además, la Dirección de Prensa del Senado cuenta con 26 empleados, la Dirección de Museo Parlamentario con 24, la Dirección de Ceremonial y Protocolo con 20, la Comisión de Asuntos Constitucionales con 18, la Delegación Argentina del Parlamento Latinoamericano con 17 y la Secretaría de Comisiones Permanentes del Parlamento Latinoamericano con 7. A su vez, el recientemente creado Parlamento del MERCOSUR (Parlasur), también tiene en el Senado una Unidad de Enlace con dicho organismo, integrada por 7 empleados.
Y hay más: el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios dispone de 13 empleados, el Departamento de Visitas Guiadas –que nada tiene que ver con el Museo Parlamentario- tiene 11, la Dirección de Eventos 10 y una cantidad similar integran la Orquesta Juvenil de Cámara.
También hay 5 empleados en una Oficina de Senadores con mandato concluido de la Unión Cívica Radical, lo cual resulta algo contradictorio, y del cruce de empleados asignados a cada senador surgen por lo menos 21 casos de nepotismo, es decir, legisladores que han designado a familiares directos.
La lista podría seguir, pues hay más de doscientas reparticiones en el Senado. En consecuencia, de existir voluntad política en aplicar el “lápiz rojo” para reducir la privilegiada burocracia legislativa en la cámara alta, entonces Cobos tiene la gran oportunidad para intentar hacerlo.

Gabriel C. Salvia es Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y becario de la Fundación Friedrich Von Hayek.

El Congreso casi triplica el gasto en la era K

Por Gabriel C. Salvia

Los números del proyecto de Presupuesto 2009 muestran que entre 2004 y este último que ha comenzado a ser estudiado en Comisión, las asignaciones al Poder Legislativo Nacional se han incrementado en algo más de 700 millones de pesos (172%), de los cuales 584,3 millones corresponden a aumentos en gastos de personal (164%).
Asimismo, de los 9.587 empleados legislativos que figuraban en el primer presupuesto elaborado durante el kirchnerismo, en 2004, en todo el Congreso se pasa ahora a 10.290, es decir, unos 703 nuevos empleados, 7,3% más.
Hay que tener en cuenta que en el año 2000 el presupuesto del Poder Legislativo Nacional alcanzaba a unos 470 millones de pesos, es decir, dólares, de acuerdo a la convertibilidad y el previsto para 2009, tomando el cambio de la moneda estadounidense a 3,09 por cada peso, representaría ahora unos 360 millones de dólares.
En cuanto a los recursos humanos, en los cinco años del kirchnerismo el Senado de la Nación sumó 352 nuevos empleados, la Cámara de Diputados 7, la Biblioteca del Congreso de la Nación 172, la Imprenta 18, la Obra Social (DAS) se mantuvo igual y la Defensoría del Pueblo incorporó a 78.
En el Senado, aumentaron principalmente los empleados temporarios, es decir, los que ingresan y cesan con el legislador que los nombró; pero también se ha agregado en este período, para ambas Cámaras, una nueva suma destinada a "personal contratado" que en el año 2005 representaba casi quince millones y para 2009 está prevista en 24.112.000 pesos.
El Senado de la Nación sigue manteniendo una relación mayor de empleados temporarios por legislador que la Cámara baja. Así, los 72 senadores y el vicepresidente de la Nación tienen un promedio de 18,5 empleados temporarios por cada uno de ellos; mientras que sus pares de diputados, que suman 257 integrantes, disponen de la mitad en ese carácter.
Con estos datos, si el vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Julio César Cobos, tiene realmente aspiraciones presidenciales para el año 2011, podría entonces comenzar por mostrar sus dotes de buen administrador reduciendo los gastos en personal temporario de la Cámara Alta e implementando un criterio meritocrático de designación por concurso del personal permanente.
Pero si su antecesor, el porteño devenido en bonaerense Daniel Scioli, no dejó un legado de austeridad y transparencia en la designación de personal y hoy cuenta con una buena imagen pública; entonces el vicepresidente de la Nación puede seguir haciendo la plancha, sin necesidad de demostrar que para acceder a la máxima magistratura debe primero poder administrar racionalmente un ámbito público de menor jerarquía.
Otro dato relevante que surge del Presupuesto 2009 correspondiente al Poder Legislativo, es el enorme incremento del gasto en Publicidad y Propaganda, gasto que pasa de 569.984 pesos en 2008 a 1.185.205 para 2009, justo en un año de elecciones legislativas.
Finalmente, sería muy importante que los legisladores debatieran seriamente el proyecto de ley de Presupuesto 2009, empezando por el propio, y redistribuyeran a necesidades sociales más urgentes el excesivo gasto en personal designado por criterio político en toda la administración pública, pues el mismo representa un privilegio y una injusticia que se contradice con la mayoría de los discursos que se realizan en el recinto.

Gabriel C. Salvia es presidente de CADAL y becario de la Fundación Hayek.

Mayor gasto del Congreso en la era K

Por Gabriel C. Salvia

El proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2008 contempla un incremento de $ 157.879.554 en el Poder Legislativo Nacional, principalmente en Gastos de Personal, donde desde el 2004 se incorporaron 648 nuevos agentes, en su mayoría empleados temporarios en el Senado de la Nación.
Otros incrementos significativos son los gastos en Mantenimiento, Reparación y Limpieza; Servicios Técnicos y Profesionales; Publicidad y Propaganda; Construcciones; y en Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables. Curiosamente, luego de destacar el año pasado el incremento del gasto que se venía produciendo en concepto de Obras de Arte, para el 2008 se redujo el mismo a $ 9.000.- de los $ 105.600 que habían sido asignados para el 2007.

De todas formas, desde el año 2005 el presupuesto del Poder Legislativo Nacional tuvo un incremento del 82%, de un total de $ 442.390.040.- hasta los actuales $ 807.252.415.- De esta manera, los diputados y senadores nacionales de todos los bloques continúan una política de incremento de la burocracia legislativa, ámbito en el cual hay mucho gasto para recortar y donde también habría que reemplazar el amiguismo y el clientelismo político por la meritocracia e idoneidad. Y como se señaló ya varias veces, difícilmente los legisladores puedan observar el proyecto de ley de presupuesto nacional en su conjunto si no comienzan por el propio. En todo caso, parecería que ante la irrelevancia institucional que ha adquirido el Congreso Nacional en la presidencia de Néstor Kirchner, al menos el Poder Ejecutivo contenta a los legisladores aumentándoles el gasto.
Otra cuestión para analizar aparte es la modificación de la ley de administración financiera del estado, donde se tendría que establecer un plazo anterior al vigente para la presentación del proyecto de ley de presupuesto nacional. Actualmente, debe ser enviado antes del 15 de septiembre y se ha acostumbrado por parte del Poder Ejecutivo a esperar hasta último momento para hacerlo. El problema es que en los años de elecciones nacionales los legisladores están en campaña, la comisión de presupuesto y hacienda no se reúne, luego se produce el recambio legislativo el 10 de diciembre y los nuevos diputados ingresan con el pie izquierdo, pues no tuvieron en cuenta al postularse que apenas se acomoden en su banca deberán votar nada más y nada menos que la “ley de leyes”.

Gabriel C. Salvia es becario de la Fundación Friedrich Von Hayek y Presidente de CADAL.

El populismo legislativo: Congreso y gasto público en la Argentina, 2005-2007

Por Gabriel C. Salvia y Adrián Lucardi

Este Documento forma parte de un trabajo de investigación que se realiza gracias al apoyo de la Fundación Friedrich A. Von Hayek http://www.hayek.org.ar/

En el Periodo Legislativo 2006, es decir, del 1º de marzo de 2006 al 28 de febrero de 2007, los diputados y senadores nacionales presentaron un total de 3.525 proyectos de ley, de los cuales 361 proponían un incremento del gasto público nacional. Esto representa el 10,2% de las iniciativas parlamentarias cuya sanción requiere el trámite previsto en la Constitución Nacional, más que duplicando las de años anteriores: en el Período Legislativo del 2005 se habían presentado un total de 2.530 proyectos de ley, de los cuales 161 proponían un incremento del gasto público nacional. Uno de los posibles motivos del incremento en el 2006 de proyectos de ley cuya sanción implicaría un aumento del gasto público nacional, es el superávit fiscal que viene generando el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Por otra parte, en los últimos tres años el presupuesto del Poder Legislativo Nacional aumentó en casi doscientos siete millones de pesos, de los cuales unos ciento noventa y cinco mil millones corresponden a gastos en personal, donde se han incorporado en tiempos recientes gastos para “Gabinete de Autoridades Superiores” y “Personal Contratado”.

Durante el Período Legislativo 2006 se incrementó la cantidad de proyectos de ley, presentados por Diputados y Senadores de la República Argentina, cuya sanción implicaría un aumento del gasto público y por ende una mayor carga tributaria para el sector privado. Prácticamente todos los bloques legislativos son Pro-Gasto y el superávit fiscal del gobierno de Néstor Kirchner podría ser uno de los motivos que incentiva la presentación de proyectos de ley que aumentarían el gasto público.
Esta tendencia Pro-Gasto, junto con la delegación legislativa que por ley autoriza la reasignación de partidas presupuestarias por parte del Jefe de Gabinete de Ministros, deja prácticamente indefensos a los contribuyentes argentinos, ya acostumbrados a duplicar sus gastos en educación, salud y seguridad pues esos servicios estatales son ilusorios. A su vez, en las leyes de Presupuesto Nacional del 2005, 2006 y 2007 se vienen incrementando notoriamente los gastos del Poder Legislativo Nacional y los legisladores de turno se aprovechan de esta situación en lugar de promover una necesaria reforma político administrativa en el ámbito del Congreso de la Nación.

Los datos del “Burocratómetro 2005 y 2006”
El “Burocratómetro” es un indicador de la cantidad de proyectos de ley, presentados por Diputados y Senadores Nacionales, cuya sanción implicaría un aumento del gasto público. En tal sentido, y al margen de las visiones políticas que se tengan sobre los límites que le corresponden a la acción estatal, el “Burocratómetro” está pensado fundamentalmente como un alerta al contribuyente con cuyos impuestos se financia el gasto público.
En el Periodo Legislativo 2006, es decir, del 1º de marzo de 2006 al 28 de febrero de 2007, los diputados y senadores nacionales presentaron un total de 3.525 proyectos de ley, de los cuales 361 proponían un incremento del gasto público nacional.

De esta manera, los proyectos de ley incluidos en este informe representan el 10,2% de las iniciativas parlamentarias cuya sanción requiere el trámite previsto en la Constitución Nacional, más que duplicando las de años anteriores: Efectivamente, en el Período Legislativo del 2005 se habían presentado un total de 2.530 proyectos de ley, de los cuales 161 proponían un incremento del gasto público nacional, representando un promedio de tres proyectos presentados por semana que aumentarían el gasto público. En cambio, durante el Período Legislativo 2006, donde hubo un total de 251 días hábiles, se presentaron un promedio de 7 proyectos semanales incluidos en el “Burocratómetro”. En cuanto al tipo de gasto que originaría la sanción definitiva de estos proyectos presentados en los Períodos Legislativos 2005 y 2006, el cuadro siguiente
ofrece la clasificación de los mismos:

Uno de los posibles motivos del incremento en el 2006 de proyectos de ley cuya sanción implicaría un aumento del gasto público nacional, podría ser el superávit fiscal que viene generando el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Efectivamente, lo que a simple vista aparece como un síntoma de buena administración puede llegar a convertirse en el futuro en una carga muy pesada en caso de que la situación económica cambie y los ingresos públicos disminuyan. Al respecto, en su libro “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, Dino Jarach señala que algunos autores “criticaban el superávit como fuente de un aumento futuro de los gastos públicos, argumentándose que el Gobierno -Poderes Ejecutivo y Legislativo- atento al superávit de un ejercicio podía aprovechar la mayor capacidad que se había evidenciado, para aumentar los gastos. El temor que suscitaba el superávit consistía, pues, en que condujera a un aumento de la esfera de acción del Estado y, eventualmente, al déficit”.
En tal sentido, varios legisladores nacionales combinan una actitud irresponsable y demagógica, abogando expresamente por aumentar el gasto público debido al superávit fiscal, sin tener la prudencia de las eventuales épocas de “vacas flacas” que puedan enfrentarse y que en tal caso los gastos comprometidos serán difíciles de cumplirse y alentarán el incremento impositivo, la inflación o endeudamiento para pagar salarios y actividades estatales, lo cual, según el caso, perjudicará principalmente a los sectores más pobres o a las futuras generaciones. Al respecto, vale la pena recurrir a la historia parlamentaria. En su Informe sobre el proyecto de ley presupuesto para el año 1907, la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados señaló que los gastos fueron reducidos ligeramente, a 223 millones frente a los 231 del año 1906, destacándose los aumentos en las rentas ocurridos en los años anteriores, pero señalando la conveniencia de actuar con prudencia. En la discusión, el ministro de hacienda, Eleodoro Lobos (que no era el que había enviado el proyecto del poder ejecutivo) criticó la “empleomanía” y señaló que no había que usar los buenos tiempos para aumentar gastos que después no se podrían mantener. En el mismo sentido, en la discusión en general del proyecto de ley de presupuesto para el año 1914, el socialista Juan B. Justo criticó el “sobrante” (superávit) que figuraba en el presupuesto, porque éste bien podría disminuirse para reducir los impuestos indirectos (aduaneros) que perjudicaban a los trabajadores.

Pro-Gasto 2006
Prácticamente todos los bloques políticos son Pro-Gasto Público, desde los más estatistas y partidarios del Estado Benefactor hasta los supuestamente más conservadores y afines a la eficiencia en la administración gubernamental. Del total de 361 proyectos incluidos en la edición 2006 del “Burocratómetro”, los legisladores del oficialista Frente para la Victoria presentaron un total de 139, seguidos por los del bloque UCR con 68, el ARI con 24, el PRO con 23 y Peronista Federal con 16.

En el Período Legislativo 2006, un total de 172 legisladores nacionales han presentado al menos un proyecto incluido en el “Burocratómetro”, lo cual significa que el 52% de los miembros del Congreso Nacional han elaborado iniciativas tendientes al incremento del gasto público y el Ranking individual coloca en las primeras cinco posiciones a los siguientes Legisladores Nacionales: 1) Senadora Miriam Curletti (UCR) y Senador Adolfo Rodríguez Saa (Justicialista San Luis), con 11 proyectos; 2) Diputado Juan Manuel Urtubey (Frente para la Victoria), 10 proyectos; 3) Diputado Federico Pinedo (PRO) y Senador Roberto Basualdo (Producción y Trabajo), con 8 proyectos; 4) Diputado Alfredo Atanasof (Frente para la Victoria) y Senadores Sonia Escudero (Frente para la Victoria) y Luis Falcó (UCR), con 7 proyectos; y 5) Diputado Claudio Poggi (Frente Movimiento Popular), con 6 proyectos.
En muchos casos, esta tendencia Pro-Gasto se debe al simplismo de trasladar su costo mediante un aumento presupuestario, cuando una conducta parlamentaria más responsable podría proponer el financiamiento vía reasignación presupuestaria,
pues de lo contrario el gasto público debería ser virtualmente infinito. De la misma manera, existe cierta pereza legislativa, como cuando tres diputados nacionales de diferentes partidos (Lamberto, De Narváez y Chironi) proponen, cada uno de ellos, crear la Oficina Nacional de Presupuesto en el ámbito del Poder Legislativo Nacional mediante una ampliación de su partida presupuestaria, en lugar de financiarla mediante la reasignación de los excesivos recursos económicos y humanos con que ya cuenta el Congreso Nacional. Y como éste, abundan otros ejemplos similares.

Conclusiones del “Burocratómetro 2006”
Es conocida la máxima económica de que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos, aunque en general los legisladores ponen énfasis en lo primero y no tienen en cuenta lo segundo, lo cual se traduce como “voluntarismo político”: es decir, “con sancionar una ley se resuelve el problema”, que de ser cierto entonces convertiría a la Argentina en uno de los países más prósperos del mundo.
Pero el principal problema no son solamente los fines de muchos de estos proyectos, pues algunos de los mismos pueden resultar muy loables, sino los medios para su implementación y la definición de las prioridades. Al respecto, una visión paternalista y económicamente autoritaria, considera que los contribuyentes son un medio para los fines del Estado y que la acción gubernamental es prácticamente ilimitada. El problema es que cuando un Estado como el de la Argentina, administrado no precisamente por los más idóneos, pretende atender todas las necesidades que cada vez son mayores, además de violar el derecho de propiedad, esos recursos se terminan “perdiendo en el camino”. En consecuencia, la necesidad a atender nunca se concreta, la cantidad de necesitados aumenta, las inversiones disminuyen, la evasión impositiva
aumenta y los políticos de turno y sus socios privados se enriquecen. Es que un Estado Benefactor no puede funcionar con altos niveles de corrupción y ausencia de estado de derecho, como es común en Latinoamérica, y donde los que deben pagar para sostenerlo no reciben nada a cambio. Por eso, no se puede pretender copiar el nivel de gasto público y distribución del ingreso de los países nórdicos con la calidad institucional característica de los países latinoamericanos.
Por su parte, una economía de mercado es difícil de implementar sin una evolución en la cultura política y ciudadana. En el caso de los políticos, ellos participan de un círculo vicioso donde para llegar a lugares de decisión deben pagar ciertos costos, los cuales luego los traducen en clientelismo político y así, sucesivamente, con quienes los reemplazan. Y tampoco existe una cultura de iniciativa privada para atender muchas cuestiones sociales, en las cuales es más eficiente y transparente que el sector público.
Nuevamente, vale la pena hacer un poco de historia parlamentaria, con dos casos que demuestran la regresión en el tratamiento legislativo sobre temas referidos al gasto público. En la discusión del proyecto de ley de presupuesto para el año 1908, el diputado Mariano Demaría (h) propuso incluir un artículo con una donación al poeta Guido y Spano en su 80º aniversario: una casa de 50 mil pesos moneda nacional. El diputado Andrónico Castro lo criticó: Guido y Spano fue un poeta, no un científico; siempre había vivido del Estado; y dada su edad, iban a ser sus hijos y no él quienes saldrían beneficiados. Varios diputados (Francisco Uriburu, Mariano de Vedia, Manuel Carlés, Juan Argerich, Horacio Varela y Manuel Iriondo) reaccionaron elogiando encarecidamente a Guido y Spano; pero de éstos solo Alfredo Palacios se opuso a entregar el subsidio, señalando que “El congreso no debe votar fondos para regalar casas á los ciudadanos por más meritorios que sean.” Y aunque de todas maneras la donación se terminó aprobando, al menos hubo voces –entre ellas socialistas- que se alzaron en oposición, algo que en la actualidad sería impensable.
Otro caso interesante sobre estas cuestiones en la historia parlamentaria argentina, fue cuando en el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto del año 1912 se discutió sobre el Departamento Nacional de Higiene, respecto al paludismo, para combatir el cual se pedía un aumento de 500 mil. El diputado Luis Agote, miembro de la comisión de presupuesto, dijo que del tema deberían ocuparse las provincias, y que el paludismo se corrige con educación, que cada uno tiene que protegerse:
“[…] que proteja su casa contra los mosquitos por medio de rejas, por su cuenta sin que sea necesario que el Estado lo haga todo… Porque ése es otro mal que tenemos: todo se espera del Estado como el maná; el día que el maná falta, la gente se muere de hambre.” Como el caso anterior, también se aprobó el aumento, pero como puede verse el gasto público, la relación con las provincias y los límites de la intervención del estado generaban hace un siglo grandes debates.

El Presupuesto del Poder Legislativo Nacional, años 2005 a 2007
El Poder Legislativo de la Argentina le delegó recientemente por ley al Jefe de Gabinete de Ministros, la facultad para reasignar partidas presupuestarias, lo cual quita protagonismo al Parlamento en el debate sobre el proyecto de ley de presupuesto de la administración pública nacional (“la ley de leyes”, le decían), cuya discusión debería ser la cuestión de fondo en materia de políticas públicas. Sin embargo, los legisladores están facultados para reducir el gasto, algo que
tampoco intentan hacer, ni siquiera en su propio ámbito, el Poder Legislativo Nacional, donde hace tiempo que hay mucho por recortar y contrariamente se viene incrementando su presupuesto.

En los últimos tres años el presupuesto del Poder Legislativo Nacional de la República Argentina aumentó en casi doscientos siete millones de pesos, de los cuales unos ciento noventa y cinco millones corresponden a gastos en personal, donde se han incorporado en tiempos recientes gastos para “Gabinete de Autoridades Superiores” y “Personal Contratado”.
El gasto en personal del Congreso Nacional se podría reducir y transparentar, pero no hay voluntad y coraje político para hacerlo. Los mismos legisladores que se inspiran en modelos de países nórdicos o, sin ir muy lejos, de la Concertación chilena, deberían tomarse el trabajo de averiguar cuántos empleados tienen sus respectivos poderes legislativos, lo cual demostrará que el problema no es el Estado Benefactor, sino la paupérrima cultura política local.
Asimismo, mientras no se realiza una reforma del estado en el Poder Legislativo Nacional, aumentan los gastos en otras áreas del mismo. Por ejemplo, siguiendo con datos de los presupuestos del 2005 al 2007, aumentaron los “bienes de consumo” en unos dos millones de pesos y en “servicios no personales” se incrementaron en un poco más de tres millones los gastos en pasajes y viáticos. Por su parte, en “bienes de uso” se incrementaron los gastos en “Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables” en unos trescientos mil pesos, quizás porque los legisladores y sus asesores dedican más tiempo a la lectura y la Biblioteca del Congreso necesita tener nuevas publicaciones para justificar los mil ochenta y cuatro empleados que tiene, donde entre 2005 y 2007 se sumaron ciento veintiséis nuevos “trabajadores” a este ámbito tradicionalmente anti-meritocrático del sector público.

Las “obras de arte” del Congreso de la Nación
Un dato curioso entre los bienes de uso es el destinado a las “Obras de arte”, representando para el 2007 la suma de ciento cinco mil seiscientos pesos, cifra muy superior a los veintiocho mil quinientos destinados para el año anterior.
Solamente entre el 2005 y el 2007 el Congreso Nacional gastará un total de ciento sesenta y seis mil trescientos pesos en “Obras de arte”, una cifra obscena en un país con un alto índice de pobreza e indigencia.
Para muchos, la suma que viene destinando el Poder Legislativo Nacional en “Obras de arte” puede ser un dato insignificante en comparación con los despilfarros o asignaciones arbitrarias que se realizan en el propio Congreso y en otros ámbitos de la administración pública, y más aún con la facultad antirrepublicana otorgada al Jefe de Gabinete de Ministros para reasignar partidas presupuestarias. Pero el punto es que los legisladores nacionales al analizar el proyecto de ley de presupuesto nacional deberían comenzar por el propio y un detalle como el de las “Obras de arte” no podría pasar desapercibido.
Además, podrían ser extensos los ejemplos del uso prioritario en otras necesidades más urgentes que podrían tener los fondos destinados a “Obras de arte” para el Congreso Nacional y también enfatizar que los legisladores tienen el deber de analizar con detalle cómo se destinan los recursos de los contribuyentes. En tal sentido, una lectura seria del proyecto de ley de presupuesto encontraría que muchos pequeños gastos originan un gran gasto y ese es un detalle que debe observar todo legislador que valore la austeridad y responsabilidad republicana.
Como conclusión: si los legisladores nacionales no se toman el trabajo de analizar seriamente su propio presupuesto, recortando en el mismo los gastos que son claramente superfluos o en todo caso reasignándolos hacia fines socialmente más urgentes, es difícil imaginar entonces que hagan lo propio con el resto de los programas de la Administración Pública Nacional.

Reclamos históricos de austeridad

Para concluir, van tres ejemplos de reclamos históricos de austeridad en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, con la intención de rescatar el espíritu de austeridad en la discusión parlamentaria y que en la actualidad está virtualmente ausente:
-07/01/1907 – HCD – 54ª Reunión- 7ª Sesión Extraordinaria (cont) – 1906-II
Votación en particular. Anexo A (Congreso). Propuesta de aumento de las dietas de 1000 a 1500 mensuales, por el aumento del costo de vida. Discusión sobre si aumentar o no, o pagar las dietas según asistencia, etc. Alfredo Palacios, Julio A. Roca (h) y Emilio Mitre consideran que hay que ahorrar y las dietas están bien, pero se vota a favor del aumento (p. 486-500). Mitre llama la atención sobre una partida de 160 mil destinados a instalar una imprenta; se opone porque la misma no ahorrará demasiados gastos y va a introducir un “caballo troyano” en el Congreso. La partida es rechazada (p. 500-5).
-28/01/1907 – HCD – 64ª Reunión – 9ª Sesión Extraordinaria (cont) – 1906-II El presidente de la comisión de presupuesto pide una retribución extraordinaria para el personal del órgano. Un diputado dice que ello introduciría la cultura de la dádiva, pero aceptará por una vez. Alfredo Palacios (Partido Socialista) pide que conste su voto en contra, pero el resultado es a favor (p. 1091-2).
-30/12/1913 – HCD – 65ª Reunión – 1ª Sesión de Prórroga (cont) – 1913-IV Continuación del Anexo A. El diputado Nicolás Repetto (Partido Socialista) destaca que la opinión pública percibe al Senado como el centro del empleo público improductivo, y propone reducir partidas. De la propuesta de Repetto se termina aprobando la eliminación de la oficina de Correos del HSN (p. 243-53). Sobre la Cámara se discute la creación de una oficina de información parlamentaria, pero no se aceptan los cambios; el despacho de la comisión se vota con una sola reducción (p. 254-9).
Ejemplos como los anteriores hay muchos más y por eso mismo un consejo para los legisladores nacionales, y especialmente para los candidatos a Diputados y Senadores Nacional que aspiran a realizar una labor parlamentaria responsable, sería que lean los diarios de sesiones de los años en los cuales la Argentina aspiraba realmente a ser “un país en serio”.

ANEXO: Metodología del “Burocratómetro”
Para la elaboración del “Burocratómetro” se contemplan las siguientes disposiciones:
-Artículo 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación Compete a la Comisión de Presupuesto y Hacienda dictaminar sobre el presupuesto general de la administración y de las reparticiones autárquicas y sobre todo proyecto o solicitud de reforma de las leyes tributarias, o de sueldos, suministros del Estado, créditos suplementarios, así como en cualquier otro de legislación relacionado con dicha materia. Esta Comisión no podrá incorporar en el articulado de la ley general de presupuesto disposición alguna relacionada con materia de la competencia de otras comisiones de la Cámara, si no cuenta con despacho favorable de la Comisión correspondiente.
Tampoco podrán crearse en el presupuesto general de gastos nuevas instituciones autárquicas si previamente la Cámara no ha sancionado la ley orgánica
respectiva.
-Artículo 126 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación

Todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo.
Ningún proyecto que importe gasto se tratará sin dictamen de comisión.
-Artículo 75 de la Constitución Nacional
Corresponde al Congreso:
8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este Artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
-Art. 29 de la Ley de Administración Financiera 24.156
Los créditos del presupuesto de gastos, con los niveles de agregación que haya aprobado el Congreso Nacional, según las pautas establecidas en el art.
25 de esta ley, constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar.
-Art. 37 de la Ley de Administración Financiera 24.156
La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución. Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.
El Jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades. A tales fines, exceptúase al Jefe de Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 25.917. El incremento de las partidas que refieran gastos reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse por el Congreso de la Nación.
-Art. 38 de la Ley de Administración Financiera 24.156
Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento.
-Art. 39 de la Ley de Administración Financiera 24.156
El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la ley de presupuesto general para atender el socorro inmediato por parte del gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas al Congreso Nacional en el mismo acto que las disponga, acompañando los elementos de juicio que permitan apreciar la imposibilidad de atender las situaciones que las motivaron dentro de las revisiones ordinarias o con saldos disponibles en rubros presupuestarios imputables. Las autorizaciones así dispuestas se incorporaran al presupuesto general.
En base a las mencionadas disposiciones, los datos del “Burocratómetro” surgen del análisis de todos los proyectos de ley presentados en un Período Legislativo, seleccionándose las iniciativas parlamentarias referidas al gasto público en cuyo articulado se menciona expresamente que para su financiamiento se recurrirá a las siguientes fuentes: a) Nuevos fondos del presupuesto nacional o Rentas generales; b) Utilización de los recursos del eventual superávit fiscal; o c) endeudamiento. En todos estos casos se considera que se afecta directa o indirectamente al contribuyente. Por tal motivo, no se incluyen en este informe:
1) Los proyectos de ley sobre gasto público cuya propuesta de financiamiento se basa en la reasignación de partidas presupuestarias. En este caso, al reasignar partidas del presupuesto nacional no se está aumentando el gasto público en lo inmediato, aunque si se generará una mayor burocracia que en el futuro presionará por mayores fondos. Un ejemplo podría ser la creación de un Programa Social que se financiará reasignando las partidas presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Social. En este caso también se incluyen los proyectos que solicitan ser financiados con la ley de presupuesto del año en curso, pues para su implementación deberán reasignarse partidas del mismo.
2) Los proyectos que trasladan los costos de su financiamiento a determinados sectores o actividad. Aquí se trata generalmente de proyectos que crean fondos, programas o planes oficiales cuyo financiamiento provendrá exclusivamente de gravámenes a determinados sectores y no al conjunto de los contribuyentes. Un ejemplo típico es financiar un Plan, Programa o Fondo Oficial con un impuesto a los cigarrillos o a los combustibles.
3) Los proyectos que declaran la intangibilidad de cierto gasto público. En estos casos, los legisladores dejan en claro que en dichas áreas no tienen ninguna intención de reducir o hacer más eficiente el gasto público. Aquí se trata de establecer por ley la imposibilidad de recortar o eliminar un determinado gasto del presupuesto nacional.
4) Los proyectos que condonan deudas del sector privado con el estado. Este cuarto caso se trata de escasas iniciativas, pero sin duda es una curiosidad en este informe, pues mientras se impulsan proyectos que aumentan el gasto público al mismo tiempo se propone condonar deudas impositivas.
5) Los proyectos que se oponen a los recortes del gasto que realiza el Poder Ejecutivo mediante vetos presidenciales a la Ley de Presupuesto sancionada por el Poder Legislativo. Esto se produce con el tratamiento de la ley de presupuesto. El Proyecto de Ley de Presupuesto es enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, ingresando por la Cámara de Diputados donde se producirá un dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para luego ser debatido en el recinto. En los últimos tiempos el texto original generalmente sufría modificaciones consistentes en incrementos de partidas por parte de los legisladores y luego que la ley es considerada por ambas cámaras su sanción definitiva resulta vetada por el Poder Ejecutivo. Entonces, los legisladores presentan proyectos insistiendo en la aprobación original de los artículos que luego fueron vetados por el Poder Ejecutivo, transformándose éste último en el contrapeso de los excesos en materia de gasto por parte de los miembros del Congreso Nacional.
6) Los proyectos de ley que promueven la creación de nuevos juzgados. En este último caso, sobre la creación de Juzgados, el mismo no se incluye pues ante su eventual sanción definitiva sin reasignarse partidas del Ministerio de Justicia, el incremento de este gasto es sobre una de las funciones indiscutibles acerca de la naturaleza del estado.
Entonces, con estos criterios conservadores, el principal objetivo del “Burocratómetro” consiste en alertar al sector privado sobre las iniciativas parlamentarias, impulsadas por los legisladores nacionales, cuya sanción implicaría una mayor carga tributaria para los contribuyentes a través del incremento del gasto
gubernamental.

Las “obras de arte” del Congreso de la Nación

Por Gabriel C. Salvia

En los últimos tres años el presupuesto del Poder Legislativo Nacional aumentará casi doscientos siete millones de pesos, de los cuales unos ciento noventa y cinco mil corresponden a gastos en personal, donde se han incorporado en tiempos recientes gastos para "Gabinete de Autoridades Superiores" y "Personal Contratado".

El gasto en personal del Congreso Nacional se podría reducir y transparentar, pero no hay voluntad y coraje político para hacerlo. Asimismo, mientras no se realiza una reforma del estado en el Poder Legislativo Nacional, aumentan los gastos en otras áreas del mismo. Por ejemplo, siguiendo con datos de los presupuestos del 2005 al 2007, aumentaron los "bienes de consumo" en unos dos millones de pesos y en "servicios no personales" se incrementaron en un poco más de tres millones los gastos en pasajes y viáticos. Por su parte, en "bienes de uso" se incrementaron los gastos en "Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables" en unos trescientos mil pesos, quizás porque los legisladores y sus asesores dedican más tiempo a la lectura y la Biblioteca del Congreso necesita tener nuevas publicaciones para justificar los mil ochenta y cuatro empleados que tiene, donde entre 2005 y 2007 se sumaron ciento veintiséis nuevos "trabajadores" a este ámbito tradicionalmente anti-meritocrático del sector público.
Un dato curioso entre los bienes de uso es el destinado a las "Obras de arte", representando para el 2007 la suma de ciento cinco mil seiscientos pesos, cifra muy superior a los veintiocho mil quinientos destinados para el presente año. Solamente entre el 2005 y el 2007 el Congreso Nacional gastará un total de ciento sesenta y seis mil trescientos pesos en "Obras de arte", una cifra obscena en un país con un alto índice de pobreza e indigencia.
Para muchos, la suma que viene destinando el Poder Legislativo Nacional en "Obras de arte" puede ser un dato insignificante en comparación con los despilfarros o asignaciones arbitrarias que se realizan en el propio Congreso y en otros ámbitos de la administración pública, y más aún con la facultad antirrepublicana otorgada al Jefe de Gabinete de Ministros para reasignar partidas presupuestarias. Pero el punto es que los legisladores nacionales al analizar el proyecto de ley de presupuesto nacional deberían comenzar por el propio y un detalle como el de las "Obras de arte" no podría pasar desapercibido.
Además, podrían ser extensos los ejemplos del uso prioritario en otras necesidades más urgentes que podrían tener los fondos destinados a "Obras de arte" para el Congreso Nacional y también enfatizar que los legisladores tienen el deber de analizar con detalle cómo se destinan los recursos de los contribuyentes. En tal sentido, una lectura seria del proyecto de ley de presupuesto encontraría que muchos pequeños gastos originan un gran gasto y ese es un detalle que debe observar todo legislador que valore la austeridad y responsabilidad republicana.
Como conclusión: si los legisladores nacionales no se toman el trabajo de analizar seriamente su propio presupuesto, recortando en el mismo los gastos que son claramente superfluos o en todo caso reasignándolos hacia fines socialmente más urgentes, es difícil imaginar entonces que hagan lo propio con el resto de los programas de la Administración Pública Nacional.
Gabriel C. Salvia es editor del "Burocratómetro", Becario de la Fundación Friedrich A. Von Hayek y Presidente de CADAL.

Locos por el gasto

Por Gabriel C. Salvia

En el Periodo Legislativo 2005, es decir, del 1 de marzo de 2005 al 28 de febrero de 2006, los diputados y senadores nacionales de la República Argentina presentaron un total de 2.530 proyectos de ley, de los cuales 161 proponían un incremento del gasto público nacional. En cuanto al tipo de gasto que originarían la sanción definitiva de estos proyectos, la clasificación que puede ofrecerse es la siguiente: 75 corresponden a Subsidios, Regímenes Especiales, Fondos, Planes y Programas Oficiales; 38 a la creación de nuevos organismos estatales; 5 a la creación de una nueva universidad pública; 8 a obra pública; 29 a incrementos de partidas presupuestarias vigentes; y finalmente 6 a expropiaciones.

Los datos ofrecidos surgen de la edición 2005 del "Burocratómetro", donde los proyectos de ley incluidos en este informe representan el 6,36% de las iniciativas parlamentarias cuya sanción requiere el trámite previsto en la Constitución Nacional, siendo un promedio de 3 proyectos presentados por semana cuya sanción afectaría el bolsillo del contribuyente. Por su parte, del total de 161 proyectos incluidos en el "Burocratómetro 2005", surge un Ranking en cuyos primeros 5 lugares se ubicaron los siguientes Legisladores Nacionales: Senadora Miriam Curletti y Diputada María Leila Chaya, con 8 proyectos; Senador Jorge Capitanich, 5 proyectos; Diputada Cecilia L. de González Cabañas y Diputado Héctor R. Romero, con 4 proyectos.
Asimismo, el 52,8 por ciento de los proyectos incluidos en el "Burocratómetro 2005" fueron presentados por hombres y el 47,2 por ciento por mujeres, lo cual muestra una mayor tendencia de las legisladoras para presentar este tipo de proyectos, teniendo en cuenta que en el Congreso Nacional la presencia femenina ronda el 30 por ciento del total de las bancas.
El "Burocratómetro" es un indicador parlamentario sobre los proyectos de ley, presentados por Diputados y Senadores Nacionales, cuya sanción implicaría un aumento del gasto público. En tal sentido, y al margen de las visiones políticas que se tengan sobre los límites que le corresponden a la acción estatal, el "Burocratómetro" está pensado fundamentalmente como un alerta al contribuyente argentino con cuyos impuestos se financia el gasto público. El "Burocratómetro" se realiza gracias al apoyo de la Fundación Friedrich A. Von Hayek y el informe completo se encuentra disponible en los siguientes sitios de internet: http://www.cadal.org/.

Los datos del "Burocratómetro" surgen del análisis de todos los proyectos de ley presentados en un Período Parlamentario, seleccionándose las iniciativas legislativas referidas al gasto público en cuyo articulado se menciona expresamente que para su financiamiento se recurrirá a las siguientes fuentes: a) Nuevos fondos del presupuesto nacional; b) Utilización de los recursos del eventual superávit fiscal; o c) endeudamiento. En todos estos casos se considera que se afecta directa o indirectamente al contribuyente. Por tal motivo, no se incluyen en este informe:
1) Los proyectos de ley sobre gasto público cuya propuesta de financiamiento se basa en la reasignación de partidas presupuestarias;
2) Los proyectos de ley sobre gasto público en cuyo articulado no se menciona expresamente la fuente de financiamiento;
3) Los proyectos que trasladan los costos de su financiamiento a determinados sectores o actividad;
4) Los proyectos que declaran la intangibilidad de cierto gasto público;
5) Los proyectos que condonan deudas del sector privado con el estado;
6) Los proyectos que se oponen a los recortes del gasto que realiza el Poder Ejecutivo mediante vetos presidenciales a la Ley de Presupuesto sancionada por el Poder Legislativo; y,
7) Los proyectos de ley que promueven la creación de nuevos juzgados.
En el primer caso, al reasignar partidas del presupuesto nacional no se está aumentando el gasto público en lo inmediato, aunque si se generará una mayor burocracia que en el futuro presionará por mayores fondos. Un ejemplo podría ser la creación de un Programa Social que se financiará reasignando las partidas presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Social.
El segundo caso es una buena muestra de una pregunta que no se hacen los legisladores sobre este tipo de proyectos: ¿Quién lo va a financiar? Ante el beneficio de la duda, se excluyen este tipo de proyectos.
En el tercer caso, se trata generalmente de proyectos que crean fondos, programas o planes oficiales cuyo financiamiento provendrá exclusivamente de gravámenes a determinados sectores y no al conjunto de los contribuyentes. Un ejemplo típico es financiar un Plan, Programa o Fondo Oficial con un impuesto a los cigarrillos o a los combustibles.
En el cuarto caso, los legisladores dejan en claro que en dichas áreas no tienen ninguna intención de reducir el gasto público. Aquí se trata de establecer por ley la imposibilidad de recortar o eliminar un determinado gasto del presupuesto nacional. El financiamiento de la Universidad Pública es un ejemplo.
El quinto caso se trata de escasas iniciativas, pero sin duda es una curiosidad en este informe, pues mientras se impulsan proyectos que aumentan el gasto público al mismo tiempo se propone condonar deudas impositivas.
El sexto caso se produce con el tratamiento de la ley de presupuesto. El Proyecto de Ley de Presupuesto es enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, ingresando por la Cámara de Diputados donde se producirá un dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para luego considerar la ley en el recinto. El texto original generalmente sufre modificaciones consistentes en incrementos de partidas por parte de los legisladores y luego que la ley es considerada por ambas cámaras su sanción definitiva resulta vetada por el Poder Ejecutivo. Entonces, los legisladores presentan proyectos insistiendo en la aprobación original de los artículos que luego fueron vetados por el Poder Ejecutivo, transformándose éste último en el contrapeso de los excesos en materia de gasto por parte de los miembros del Congreso Nacional.
Por último, el caso de la creación de Juzgados no se incluye, pues ante su eventual sanción definitiva sin reasignarse partidas del Ministerio de Justicia, el incremento de este gasto es sobre una de las funciones indiscutibles acerca de la naturaleza del estado.
En consecuencia, con estos criterios conservadores, el principal objetivo de este informe consiste en alertar al sector privado sobre las iniciativas parlamentarias, impulsadas por los legisladores nacionales, cuya sanción implicaría una mayor carga tributaria para los contribuyentes a través del incremento del gasto gubernamental.
Gabriel C. Salvia es editor del "Burocratómetro", Becario de la Fundación Friedrich A. Von Hayek y Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.

Los candidatos y su compromiso con la austeridad legislativa

Por Gabriel C. Salvia

Las elecciones legislativas que se realizarán en Argentina el 23 de octubre de 2005 representan una excelente oportunidad para encuestar a los candidatos sobre su compromiso para reducir el costo del Congreso Nacional. Al respecto, el proyecto de ley de presupuesto 2006 del Poder Legislativo Nacional incluye un incremento de $ 108.755.491 y la designación de 227 nuevos empleados, pasando así de 9808 agentes en el 2005 a 10.035 en el 2006. Además, últimamente se incorporó la figura del personal contratado, que en el 2005 representó $ 14.817.000.- y para el 2006 tiene previsto una suma de $ 15.074.000. Por otra parte, el personal de la imprenta volverá a tener 502 agentes, 18 mas de los 484 que tuvo en 2004 y 2005; y la biblioteca -un gran reducto de ñoquis- contará el próximo año con 1024 empleados, es decir, 66 más de los que tuvo durante los tres últimos períodos. Obviamente, todo este personal ingresa por recomendación política y no parece estar en los planes una propuesta para la selección del personal legislativo por concurso. Mucho menos reducir el gasto político-administrativo del Congreso, lo cual implica básicamente reducir su personal. En ese caso, una propuesta muy simple sería asignar una suma fija por cada legislador nacional -diputados y senadores- que reduzca en un cincuenta por ciento el gasto del personal temporario (el que supuestamente llega y se va con cada legislador). Es decir, de los actuales $ 305.191,48 que representa el gasto por legislador en el 2005, se pasaría a $ 152.595,74.- y así se ahorrarían $ 66.615.904. De esta manera, cada legislador contaría con igual presupuesto -unos 12.716,31 mensuales- y designaría como "contratados" a los colaboradores que considere necesario, ahorrando así también los gastos de asignaciones familiares y de asistencia social. En tal caso, un legislador podría compartir con otro/s legislador/es parte de su presupuesto para una secretaria -como hacen los diputados de Chile- asistentes, asesores o secretarios parlamentarios, y contratarlos directamente por la prestación de dichos servicios o a través de las universidades y ONG's.
La "Burocracia legislativa"
Vale la pena recordar que en 1930 el Congreso Nacional contaba con 432 empleados, pasando a 1.344 en 1954, a 11.505 en 1993, a 9.852 en el 2001, a 9.587 en el 2004 y para el 2006 tendrá 10.035, esta última una cantidad similar a la de los años 1997/99. Por su parte, la imprenta tenía 230 empleados en el año 1960, llegó a tener 850 entre los períodos 1993/96, se redujo de 782 a 650 del 2000 al 2001, se mantuvo luego en 502 el 2002 y 2003 y bajó a 484 en los últimos dos períodos para volver ahora a los 502 agentes. A su vez, la Biblioteca del Congreso de la Nación tuvo 89 empleados en 1954, luego 219 en 1960 y llegó a tener 1270 en el año 1993. En los últimos tres años la biblioteca tuvo 958 empleados, los cuales ahora se incrementarán a la cantidad de 1024.
La ley de presupuesto y la reforma del estado en el Congreso Nacional
La discusión del proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional, que ingresó recientemente en la cámara baja, debería ser el debate político de fondo, pues se trata nada menos que aprobar, por parte del Congreso de la Nación, en qué se va a gastar, cuánto se va a gastar y cómo se van a gastar los recursos que recauda el estado. Este debate presupuestario es más importante que las promesas y propuestas que se realizan durante las campañas electorales. Al tratar esta ley se considera el tamaño del gobierno nacional, los recursos con los que contarán sus distintos programas y el costo que representará para los contribuyentes. Contrariamente, la falta de un profundo debate del presupuesto nacional demuestra la actitud hipócrita de muchos políticos, muy elocuentes en su preocupación por la situación de pobreza y exclusión social, pero muy inoperantes e irresponsables a la hora de decidir cómo se gasta. Y, por ejemplo, al analizar el proyecto de ley de presupuesto, los legisladores deberían empezar por hacer más transparentes los gastos del propio presupuesto del Poder Legislativo, procurando disminuir los mismos, pues hay mucho para reducir. Así, a la propuesta de eliminar los nombramientos de personal temporario y reemplazarlo por la asignación de una suma fija por cada legislador para personal contratado, se podría agregar la reducción de la cantidad de comisiones permanentes en Diputados, y también la disolución de la imprenta del Congreso Nacional, pues con la aparición de internet su existencia es innecesaria y retrasa la publicidad de la actividad legislativa. Asimismo, como ya se mencionó, todas las designaciones de personal permanente deberían realizarse por concurso y no por recomendación política y debería incluirse la nómina de los mismos en internet.Entonces, si para las próximas elecciones hay algún candidato a diputado o senador nacional comprometido con la austeridad y la transparencia republicana, podría tomar como propuesta la reforma del estado en el poder legislativo y si resultara electo podría empezar a aplicarla empezando por sus propios colaboradores.

Gabriel C. Salvia es Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y editor del "Burocratómetro".

Las causas de los nuevos escandalos del Senado

Por Gabriel C. Salvia
19 de septiembre de 2002

El Senado de la Nación Argentina sigue acumulando actitudes escandalosas, ahora con la marcha atrás en el recorte de su presupuesto y también por la presentación de una típica iniciativa parlamentaria de extorsión legislativa. Mientras esto llama la atención, la cuestión de fondo no se discute, es decir cuáles deben ser los límites de la acción del estado y por ende las funciones legítimas del poder legislativo.
UNA DE LAS CONSECUENCIAS DEL INTERVENCIONISMO ESTATAL. En el primer caso que se mencionó, los senadores nacionales habían eliminado una asignación de $ 1.200.- mensuales en concepto de gastos de mantenimiento de automóviles que representaba $ 84.000.- anuales, y al mismo tiempo se asignaron ese mismo monto a los legisladores que residen a más de doscientos kilómetros de la Capital Federal en concepto de "desarraigo", de cuyo beneficio sólo quedarían exceptuados 6 senadores de un total de 72. En consecuencia, solamente reducirán el presupuesto en seis mil pesos.En este caso, se intentó justificar la decisión de la Cámara alta señalando, por ejemplo, que en algunos casos los senadores "se ven impedidos materialmente de desarrollar sus tareas con la profunda dedicación que exige su alta investidura". Y aquí hay que poner el acento en las tareas que realizan los legisladores nacionales, pues de lo contrario no se pueden comprender las consecuencias que generan las mismas. Y lo cierto es que el Poder Legislativo desde hace tiempo viene excediéndose en sus funciones, lo cual ha generado -además de un exceso de legislación- una burocracia parlamentaria que creció como consecuencia directa de haber sumado nuevas actividades y también por la práctica del clientelismo político. Los legisladores no necesitan autos oficiales, pero hubo que ocupar a personal innecesario en alguna actividad y los asignaron como choferes, para lo cual es necesario autos. Siguiendo la misma lógica se crearon 52 comisiones permanentes para 72 senadores. Una comisión creada en los últimos años se denomina de Inversión, y no porque con ella se atraerán capitales al país, sino porque hay que ubicar a la burocracia legislativa en algún lado y de paso las autoridades de cada comisión podrán designar en total a siete asesores. Además, se crearon otras comisiones permanentes como Libertad de expresión y Derechos y garantías, temas que ya están comprendidos en otra comisión como la de Asuntos Constitucionales. Obviamente, más dependencias implican más lugares físicos, así que el Senado de la Nación se fue expandiendo en distintos edificios de la avenida Entre Ríos y hasta terminó re-estatizando en cierto modo el enorme edificio de la privatizada Caja de Ahorro. Y claro, después no tienen tiempo los legisladores para atender sus tareas en todas las comisiones, lo cual es lógico entre otras cosas porque asisten al Congreso de la Nación tres veces a la semana y uno de esos días tienen sesión de la Cámara. Por eso, la "piolada" criolla de los senadores de eliminar una asignación y cambiarla por otra es un detalle, pues la cuestión de fondo pasa por limitar la función legislativa y ello implica a su vez limitar las funciones del estado. Además de aquellas actividades de las que el estado se debe encargar y lo hace mal, también se dedica a cuestiones ajenas a su función y algunas de ellas muy ajenas. Mientras tanto, algunos periodistas y opinólogos insisten en que en la Argentina el estado está ausente!Estos casos mencionados de tareas innecesarias en el Senado, a las cuales se podrían agregar otras, surgen en gran medida por el crecimiento del personal legislativo más que por el voluntarismo político de los parlamentarios que pretenden resolver todas las cuestiones creando una comisión. De ahí que no se resuelva eliminar comisiones, pues ello implica despedir empleados públicos o reasignarlos en lugares que ya están desbordados por exceso de personal.
OTRA DE LAS CONSECUENCIAS DEL INTERVENCIONISMO ESTATAL.El otro escándalo que provoca el Senado de la Nación es un nuevo caso de las consecuencias que produce la intervención estatal en la economía: la corrupción. Es conocido en el proceso legislativo la práctica de lobby o presión sectorial, cuyo objetivo es influir para la sanción de una ley a medida que le permita a una empresa o sector obtener mayores beneficios económicos de los que conseguirá compitiendo en un mercado libre. Por eso, al permitirse la intervención legal en la economía los legisladores pueden decidir quien gana y quien pierde. Hay que tener en cuenta que en cada cámara del Congreso de la Nación para cada sector productivo hay una comisión, lo cual incentiva el lobby sectorial. De esta manera, los legisladores pueden favorecer a un grupo a cambio de algo, por supuesto. Pero también el lobby puede producir un efecto inverso para el sector privado: la extorsión legislativa. En este caso, una iniciativa parlamentaria puede generar costos importantes a una actividad y por tal motivo el sector perjudicado será invitado a "parar" la ley, a cambio de algo, por supuesto. Aparentemente, esto es lo que habría sucedido a raíz de la presentación de un proyecto de ley en el Senado disponiendo que el 2% de las ganancias de las entidades bancarias deberían pasar al sindicato del sector. Hace un tiempo, también en el Senado, se había presentado un proyecto similar que afectaba a las empresas petroleras y beneficiaba a un sindicato de ese sector. En realidad, con las actuales reglas de juego la actividad parlamentaria se puede convertir en un negocio que ofrece privilegios legales para garantizar una renta segura o que puede amenazar con sancionar una ley que afectará el rendimiento económico de un sector. Entonces, sin restricciones constitucionales que impidan que unos se beneficien a costa de otros estas prácticas terminan siendo comunes en todas las democracias, incluyendo la de los Estados Unidos donde se legalizó esta actividad de "lobbying" en el año 1946. Anteriormente, lo que se conoce como el tráfico de influencias en la legislatura, estaba directamente prohibido en estados norteamericanos como el de Georgia. En la Argentina, la Constitución del 53 reconoce y garantiza las libertades individuales, incluyendo las económicas, aclarando expresamente en su artículo 28 que "Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio".Teniendo en cuenta lo anterior, y el debate de fondo que se plantea en este artículo, en la Argentina hay que considerar seriamente volver al espíritu y la letra de la Constitución de 1853 para recuperar la senda de la libertad, del estado de derecho y del desarrollo económico. Mientras tanto, si no se realiza un debate de fondo sobre los límites de la acción estatal, la burocracia legislativa y los casos de corrupción seguirán siendo noticia en el Congreso de la Nación.

El Congreso a contramano de las reformas económicas

Por Gabriel C. Salvia

Revista Apertura, junio 2001
Cuando se plantea la necesidad de realizar reformas económicas se hace referencia a la desregulación de los mercados y a la reforma del Estado, lo cual debe plasmarse en un sistema republicano de gobierno modificando o derogando la legislación surgida básicamente a través de presiones sectoriales o actitudes paternalistas de los políticos. Desregular los mercados significa garantizar las libertades económicas, a las cuales la Heritage Foundation que publica anualmente el Index of Economic Freedom las define como "la ausencia de coerción o restricción gubernamental sobre la producción, la distribución o el consumo de bienes y servicios más allá de lo necesario para que los ciudadanos protejan y mantengan la libertad en sí misma". Por su parte, la reforma del Estado consiste en bajar o asignar más eficientemente el gasto público, cuyo costo siempre debe ser financiado por el sector privado vía impuestos.Para John Berthoud, presidente del National Taxpayers Union, "el Congreso debe resistir la tentación de meterse en la economía. En cambio, tendría que trabajar para reducir los impuestos y minimizar las regulaciones. Darle a los empresarios la libertad de innovar, será la mejor manera de ayudar a los ciudadanos". En tal sentido, la actividad parlamentaria argentina es mayoritariamente contraria a impulsar reformas de mercado, caracterizándose la labor del Congreso Nacional por ser una fuente permanente de regulación económica e incremento del gasto público. En consecuencia, el seguimiento de la labor legislativa y las implicancias económicas de la sanción de este tipo de leyes son indicadores claves de seguridad jurídica para quienes se dedican a los negocios.
EL CONGRESO COMO FUENTE DE REGULACION ECONOMICA.
Para el constitucionalista Bernard H. Siegan "La regulación económica emana principalmente de dos fuentes diferentes. La primera fuente son aquellas personas que demandan la aprobación de leyes para solucionar lo que ellos identifican como problemas en el sistema económico. Las mismas están motivadas por razones ideológicas u otras más genéricas relativas al interés público. Los miembros de este grupo no obtienen un beneficio directo de las leyes por las que abogan. La segunda fuente de regulación económica son aquellos individuos o sociedades que buscan la regulación para su propio interés. La mayoría de los que integran este grupo son empresarios, comerciantes o profesionales. Estas personas procuran que se impongan regulaciones que limiten la competencia de modo de obtener mayores ingresos para sí mismos". Hay varios ejemplos actuales en la Argentina de iniciativas parlamentarias de regulación económica, como regímenes para la medicina prepaga, el sistema de tiempo compartido, los cementerios privados, la instalación de supermercados, la seguridad bancaria, la actividad de las agencias de turismo y hasta la práctica de tatuajes en la piel. En general, a cada iniciativa privada o problema observado en un sector, los legisladores nacionales responderán con el correspondiente régimen regulatorio que le indicará a los particulares qué pueden hacer y cómo deben hacerlo, sin considerar las soluciones de mercado para los mismos o directamente el rol que tiene la Justicia para dirimir controversias. Las consecuencias económicas de estas regulaciones están muy bien explicadas por Siegan: "gran parte de la regulación deriva en reducción de la eficiencia económica, mala asignación de recursos y redistribución de ingresos desde los consumidores hacia el grupo beneficiario de la misma. Consideradas en conjunto, la existencia de estas regulaciones limita seriamente la productividad de una nación y su producción...la regulación mencionada hace subir los precios, primero por restringir la competencia, y segundo por imponer una variedad de requisitos innecesarios que aumentan los costos de productores y vendedores. Las personas de ingresos medios y bajos, los que menos pueden afrontar el alza de los precios, son las más perjudicadas".
LAS COMISIONES PERMANENTES COMO FUENTE DE REGULACION ECONOMICA.
Una de las etapas más importantes del proceso legislativo es la discusión de los proyectos en las comisiones permanentes. Estas representan un número excesivo, pues allí ha crecido notoriamente la cantidad de personal designado políticamente; pero lo más significativo son sus propósitos, pues en muchos casos los mismos consisten en promover una legislación que alienta un mayor intervencionismo estatal.
-- A la Comisión de Economía le compete dictaminar sobre todo asunto o proyecto vinculado con el planeamiento del desarrollo económico; régimen de las bolsas y mercados de valores; seguros y reaseguros; régimen aduanero; acuerdos, convenios y arreglos de comercio, cooperación, complementación y/o integración económica, así como cualquier otro tipo de legislación relacionado con dicha materia;-- A la Comisión de Comercio le cabe dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo a las actividades de abastecimiento interno, promoción y orientación del comercio exterior de la Nación;-- A la Comisión de Economía y Desarrollo Regional le compete dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo al desarrollo económico de las áreas geográficas del país integradas regionalmente y la implementación de medidas de protección, promoción y fomento de sus actividades productivas.
Las comisiones permanentes de asesoramiento del Congreso de la Nación fueron previstas en el reglamento interno de cada Cámara, en las cuales se determina las normas de organización, competencia y funcionamiento. Actualmente funcionan 45 comisiones permanentes en el Senado de la Nación - con un total de 72 miembros - y 45 comisiones permanentes en la Cámara de Diputados de la Nación - con un total de 257 miembros. A las comisiones permanentes se las define como "organismos esenciales para la elaboración racional y meditada del producto legislativo".Estas comisiones se duplicaron en el periodo 1983-1989 y desde ese último año se crearon 4 nuevas comisiones en el Senado: Juicio Político; de la Inversión; de la Integración; y Defensa de los derechos de usuarios y consumidores; y 14 en Diputados: Cultura; Deportes; Tercera Edad; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales; Población y Recursos Humanos; Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales; Mercosur; Defensa del Consumidor; Discapacidad; Libertad de Expresión; Pequeñas y Medianas Empresas; Derechos Humanos; y Seguridad Interior). Y, por supuesto, existen varias iniciativas para crear nuevas comisiones.
EL CONGRESO NACIONAL COMO FUENTE DE GASTO PUBLICO.
La cantidad de proyectos de ley que impulsan el aumento del gasto público refleja el grado de intervencionismo que le asignan los legisladores nacionales a la función gubernamental y pone en alerta a los contribuyentes, quienes deberán soportar los costos de la sanción de los proyectos de ley que impulsan el crecimiento del gasto. En total los legisladores nacionales presentaron 2.202 proyectos de ley durante el último periodo de sesiones ordinarias, es decir, del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2000. De ese total, 1736 fueron presentados por Diputados Nacionales y 466 por Senadores. Asimismo, la cantidad de proyectos de ley que impulsan el aumento del gasto público o que rechazan su reducción llegan a 176, de los cuales 146 fueron ingresados por los diputados y 30 por los senadores. Estas cifras representan el 8 por ciento del total de proyectos de ley. Teniendo en cuenta que en dicho periodo hubo 188 días hábiles, se presentaron por semana un promedio de 4 proyectos promoviendo el aumento del gasto. En cuanto al origen partidario, 88 fueron presentados por legisladores de la Alianza oficialista, 71 por miembros del bloque Justicialista y 17 por representantes de otros partidos. A su vez, respecto a las características de los proyectos: 58 crean nuevos organismos; 20 otorgan subsidios; 54 crean fondos, planes o programas oficiales; 10 crean nuevas universidades nacionales; 11 proponen el incremento de partidas presupuestarias; y 23 se refieren a iniciativas similares.Este análisis no incluye los proyectos de ley que proponen la creación de nuevos juzgados y en cada una de las 146 iniciativas seleccionadas el común denominador es que su sanción y promulgación determinará un aumento del gasto. Por eso mismo, tampoco se incluyen proyectos de ley que crean un organismo público, como por ejemplo el Ministerio de Turismo, pues el tratamiento de esta iniciativa y su eventual aprobación no determina necesariamente que aumente el gasto, pudiendo en este caso recortarse partidas de otros sectores para asignarlas al nuevo organismo creado. Además de registrarse que un 8 por ciento del total de las iniciativas parlamentarias de diputados y senadores nacionales incrementarían el gasto público, del análisis de todos los proyectos de ley presentados durante el periodo de sesiones ordinarias correspondiente al año 2000 se desprende categóricamente que no existe intención, por parte de los legisladores, de bajar el gasto público, ya sea: eliminando organismos, programas, subsidios o al menos reduciendo alguna partida presupuestaria.

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EL CONGRESO NACIONAL COMO FUENTE DE GASTO PUBLICO
-- Creación del Instituto de Promoción de Lácteos Argentinos (Diputado Humberto Volando, Frepaso, Córdoba).

-- Creación de la Universidad Nacional de las Islas Malvinas en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Diputado Ernesto Löffler, MO.PO.FU., Tierra del Fuego).

-- Creación de la Universidad Nacional del Pilar (Diputado Jorge Pérez, Justicialista, Buenos Aires).

-- Creación de la Secretaría de Desarrollo Regional en el ámbito de la Presidencia de la Nación (Diputado Héctor Polino, Alianza, Capital).

-- Régimen para la defensa, preservación, conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural subacuático. Creación del Fondo para el Sostenimiento del Patrimonio Cultural Subacuático (Diputado Rafael Flores, Alianza, Santa Cruz).

-- Régimen para la restricción del consumo del tabaco y su publicidad. Programa nacional contra el tabaco (Diputado Héctor Polino, Alianza, Capital).

-- Régimen de planificación familiar. Creación del Instituto Nacional de Planificación Familiar (Diputado Alfredo Bravo, Alianza, Capital).

-- Creación del Fondo de Desarrollo y Fortalecimiento Cooperativo NEA (Diputada Elisa Carrió, Alianza, Chaco).

-- Creación del Consejo Federal de Promoción del Empleo (Diputado Ernesto Löffler, MO.PO.FU., Tierra del Fuego).

-- Creación del Fondo Agropecuario Argentino (Diputado Atlanto Honcheruk, Justicialista, Chaco).

-- Creación del Fondo Nacional Pymes (Diputado Arturo Moreno Ramírez, Desarrollo y Justicia, San Juan).

-- Creación del Banco de Desarrollo Social con la finalidad de financiar proyectos de microemprendimientos productivos regionales y de microinversión y crédito a través de organizaciones no gubernamentales (Diputado Darío Alessandro, Alianza, Capital).

-- Creación de la Universidad Nacional del Chaco (Diputado Juan Carlos Ayala, Justicialista, Chaco).

-- Creación del Seguro Agropecuario. Creación del Consejo Nacional del Seguro Agrícola (Diputado Humberto Volando, Frepaso, Córdoba).

-- Creación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Diputada Margarita Stolbizer, Alianza, Buenos Aires).

-- Creación del Museo Nacional del Deporte en el ámbito de la Secretaría de Deportes de la Nación (Diputado Ricardo Vago, Alianza, Buenos Aires).

-- Creación del Consejo Federal del Agua (Diputado Héctor Romero, Alianza, Chaco).

-- Creación del Plan Nacional de Capacitación y Reinserción Laboral (Diputada Martha Alarcia, Justicialista, Córdoba).

-- Creación de la superintendencia de entes reguladores de servicios públicos en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Diputada Norma Godoy, Justicialista, Buenos Aires).

-- Creación del ente nacional de control de hidrocarburos (Diputada Norma Godoy, Justicialista, Buenos Aires).

-- Creación de la obra social para músicos populares (Diputado Diego Gorvein, Justicialista, Formosa).

-- Creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Promoción de la Región del Noroeste Argentino (Diputado Ricardo Bussi, Fuerza Republicana, Tucumán).

-- Creación de la Universidad Nacional de Avellaneda (Diputado Alfredo Villalba, Alianza, Buenos Aires).

-- Incremento de las partidas presupuestarias del ejercicio 2000, 2001 y 2002 destinadas al cumplimiento de la ley 23.877 de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica (Diputado Mario Ferreyra, Justicialista, Tierra del Fuego).

-- Régimen de Promoción para el cultivo del citrus en la región Noroeste (Diputado Guillermo Jenefes, Justicialista, Jujuy).

-- Creación del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (Diputado Ricardo Vago, Alianza, Buenos Aires).

-- Red Nacional de Autopistas Argentinas (Diputado Miguel Abella, UCR, Córdoba).

-- Creación del Fondo Nacional de Vialidad (Diputada Graciela Camaño, Justicialista, Buenos Aires).-- Creación del Fondo de Emergencia Social para las municipalidades de la provincia de Buenos Aires (Diputado José Dumón, Alianza, Buenos Aires).

-- Creación del Instituto Argentino del Hidrógeno (Diputado Mario Cafiero, Justicialista, Buenos Aires).

-- Régimen de fomento a la distribución y difusión de la cinematografía nacional (Diputada Silvia Vázquez, Alianza, Buenos Aires).

-- Creación del ente de información sobre operadores primarios agropecuarios en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Diputado Héctor Romero, Alianza, Chaco).

-- Transformar a Télam Sociedad Anónima Informativa y Publicitaria en Télam Sociedad del Estado (Diputada Irma Fidela Parentella, Alianza, Capital).

-- Creación del Instituto de Promoción de Carne Porcina Argentina como ente de derecho público no estatal. Creación del Fondo de Promoción Porcino Argentino (Diputado Humberto Volando, Frepaso, Córdoba).

-- Régimen de generación, transferencia y diseminación del conocimiento. Creación de la Comisión Nacional Permanente para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Diputado Mario Fereyra, Justicialista, Tierra del Fuego).

-- Régimen de sustentabilidad de la economía regional algodonera (Diputada María Chaya, Justicialista, Salta).

-- Creación de la Dirección Nacional de Apoyo Integral al Joven Creativo en el ámbito del Ministerio de Educación (Diputada Blanca Saade, Alianza, Salta).

-- Creación del Instituto Nacional de Productos Primarios (Diputado José Luis Saquer, Alianza, Chaco).

-- Creación del Instituto de Promoción de Carne de Crianza Argentina como ente de derecho público no estatal (Diputado Héctor Romero, Alianza, Chaco).

-- Régimen nacional de música y de fomento a la industria discográfica (Diputada Marcela Bordenave, Alianza, Buenos Aires).

-- Creación del Plan Nacional de Prevención de los Peligros del Sol Derivados de la Destrucción de la Capa de Ozono (Diputado Luis Alberto Trejo, Alianza, Tierra del Fuego).

-- Régimen para la reparación histórica y desarrollo de la región patagónica (Diputado Ovidio Zuñiga, Justicialista, Río Negro).

-- Creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Diputado Raúl Solmoirago, Justicialista, Misiones).

-- Creación del Fondo Nacional del Gas Natural (Diputado Ernesto Löffler, MO.PO.FU., Tierra del Fuego).

-- Prorrogar las pensiones graciables otorgadas por Ley de Presupuesto 1991 (Diputado Oraldo Britos, Justicialista, San Luis).

-- Creación del Instituto Federal Fiscal (Diputada Beatriz Leyba de Martí, UCR, Córdoba).

-- Creación del Programa Nacional de Promoción de la Madera Argentina (Diputado Raúl Solmoirago, Alianza, Misiones).

-- Creación de un programa nacional permanente de lucha contra el tabaquismo (Senador Roberto Ulloa, Partido Renovador, Salta).

-- Creación de la Universidad Nacional del Arte (Senador Leopoldo Moreau, Alianza, Buenos Aires).

-- Creación del Consejo Federal de Coordinación de Políticas Sociales (Senador Carlos Sergnese, Justicialista, San Luis).

-- Creación del Plan Nacional de Fomento, Promoción y Desarrollo de cultivos andinos subexplotados de valor nutricional (Senador Humberto Salum, Alianza, Jujuy).

-- Creación de la Universidad del Mercosur (Senadora Beatriz Raijer, Justicialista, Córdoba).

-- Creación del ente para la promoción del consumo de pescado argentino y del Fondo para la promoción del consumo de pescado argentino (Senador Edgardo Gagliardi, Alianza, Río Negro).

-- Creación del Consejo Federal de Exportaciones (Senador Massat).

-- Ley Nacional de Artesanías. Creación del Instituto Nacional de Artesanías, de la Comisión Nacional de Artesanías y del Fondo de Fomento Artesanal (Senador Leopoldo Moreau, Alianza, Buenos Aires).