Diario La Nación, 7 de julio de 2001
En la sesión del Senado de la Nación realizada el pasado 5 de julio, el presidente del cuerpo, Carlos "Chacho" Alvarez, fue objeto de duras críticas por parte de legisladores pertenecientes al Partido Justicialista y la Alianza, debido a la iniciativa política del Vicepresidente de la Nación de realizar algo que reclama un sector importante de la opinión pública: reducir los excesivos gastos del Congreso Nacional.
El Senado de la Nación tiene un gasto en personal de $ 116.150.686 para 2713 empleados, con un cuerpo compuesto por 72 legisladores (hasta 1994 lo integraban 48). Mientras que en diputados, el gasto en personal es de $ 191.208.135 para 4914 empleados, con 257 legisladores. La cámara alta gasta $ 42.812, 63 por empleado y la relación legislador/personal es de 1/37,68; mientras que en la Cámara de Diputados se gasta $ 38.910,89 por empleado y la relación legislador/personal es de 1/19,12. Una cuenta muy elemental, pero que parece resultarle muy sofisticada a los senadores nacionales, demuestra claramente que si la cámara alta tuviera la misma relación legislador/empleado que la cámara baja, entonces estarían sobrando 1345 empleados en el Senado de la Nación. Y de acuerdo al gasto que realiza el Senado por cada empleado, quedando con la misma relación de legislador/personal que en Diputados, tendría una planta de 1368 personas que representarían un presupuesto anual de $ 58.567.677,84 con lo cual el gasto en personal del Senado disminuiría en $ 57.583.008,16 (casi el 10% del reciente ajuste que presentó el gobierno).
A nadie le debería extrañar que tanto justicialistas como radicales se unan para defender sus privilegios. Es más, ambos partidos fueron cómplices del excesivo gasto que viene generando el Congreso Nacional y legisladores de ambos partidos han designado a casi todo el personal en base al criterio del "amiguismo político". A tal punto creció la burocracia legislativa, que debieron ocupar nuevos edificios en las adyacencias del Palacio (incluyendo el de la reciente privatizada Caja de Ahorro).
Durante la dictadura militar el personal del Senado se redujo, a noviembre de 1983, a 774 empleados. En noviembre de 1984 el personal de la cámara alta ya ascendía a 2420 personas, llegando en 1988 a 2983. Al finalizar su mandato a cargo de la Vicepresidencia de la Nación el cordobés radical Víctor Hipólito Martínez, los empleados del Senado llegaron a la cifra récord de 3.450. Los empleados del Senado se redujeron a 2856 en 1993 y a 2713 en 1999, cifra esta última que se repite en el presupuesto nacional del corriente año, aunque el gasto de la cámara alta en 1993 fue de $ 109.658.000, en 1999 de $ 139.193.200 y para este año llegó a $ 161.898.541.
Uno puede estar en desacuerdo en muchas cuestiones con el Vicepresidente de la Nación, incluyendo la crucial cuestión de los límites que debe tener la función estatal y por ende las limitaciones a la función legislativa que repercuten en el tamaño y costo del Poder Legislativo Nacional. Pero por su valentía política en este tema, el "Chacho" merece el apoyo de quienes consideramos que el gobierno está para proteger el patrimonio de las personas y que el fruto del trabajo de cada individuo productivo no puede utilizarse para financiar los privilegios de algunos políticos.
En la sesión del Senado de la Nación realizada el pasado 5 de julio, el presidente del cuerpo, Carlos "Chacho" Alvarez, fue objeto de duras críticas por parte de legisladores pertenecientes al Partido Justicialista y la Alianza, debido a la iniciativa política del Vicepresidente de la Nación de realizar algo que reclama un sector importante de la opinión pública: reducir los excesivos gastos del Congreso Nacional.
El Senado de la Nación tiene un gasto en personal de $ 116.150.686 para 2713 empleados, con un cuerpo compuesto por 72 legisladores (hasta 1994 lo integraban 48). Mientras que en diputados, el gasto en personal es de $ 191.208.135 para 4914 empleados, con 257 legisladores. La cámara alta gasta $ 42.812, 63 por empleado y la relación legislador/personal es de 1/37,68; mientras que en la Cámara de Diputados se gasta $ 38.910,89 por empleado y la relación legislador/personal es de 1/19,12. Una cuenta muy elemental, pero que parece resultarle muy sofisticada a los senadores nacionales, demuestra claramente que si la cámara alta tuviera la misma relación legislador/empleado que la cámara baja, entonces estarían sobrando 1345 empleados en el Senado de la Nación. Y de acuerdo al gasto que realiza el Senado por cada empleado, quedando con la misma relación de legislador/personal que en Diputados, tendría una planta de 1368 personas que representarían un presupuesto anual de $ 58.567.677,84 con lo cual el gasto en personal del Senado disminuiría en $ 57.583.008,16 (casi el 10% del reciente ajuste que presentó el gobierno).
A nadie le debería extrañar que tanto justicialistas como radicales se unan para defender sus privilegios. Es más, ambos partidos fueron cómplices del excesivo gasto que viene generando el Congreso Nacional y legisladores de ambos partidos han designado a casi todo el personal en base al criterio del "amiguismo político". A tal punto creció la burocracia legislativa, que debieron ocupar nuevos edificios en las adyacencias del Palacio (incluyendo el de la reciente privatizada Caja de Ahorro).
Durante la dictadura militar el personal del Senado se redujo, a noviembre de 1983, a 774 empleados. En noviembre de 1984 el personal de la cámara alta ya ascendía a 2420 personas, llegando en 1988 a 2983. Al finalizar su mandato a cargo de la Vicepresidencia de la Nación el cordobés radical Víctor Hipólito Martínez, los empleados del Senado llegaron a la cifra récord de 3.450. Los empleados del Senado se redujeron a 2856 en 1993 y a 2713 en 1999, cifra esta última que se repite en el presupuesto nacional del corriente año, aunque el gasto de la cámara alta en 1993 fue de $ 109.658.000, en 1999 de $ 139.193.200 y para este año llegó a $ 161.898.541.
Uno puede estar en desacuerdo en muchas cuestiones con el Vicepresidente de la Nación, incluyendo la crucial cuestión de los límites que debe tener la función estatal y por ende las limitaciones a la función legislativa que repercuten en el tamaño y costo del Poder Legislativo Nacional. Pero por su valentía política en este tema, el "Chacho" merece el apoyo de quienes consideramos que el gobierno está para proteger el patrimonio de las personas y que el fruto del trabajo de cada individuo productivo no puede utilizarse para financiar los privilegios de algunos políticos.
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